Un préstamo bancario no cancelado en tiempo se transformó en una demanda judicial que terminó con el remate de una propiedad. Sin embargo, esa subasta después fue declarada nula, mientras que varios profesionales terminaron procesados, según informó el diario mendocino Los Andes, el jueves 17 de abril de 2008.

Según el medio mendocino, la causa está en la última instancia, es decir, a resolver un recurso de inconstitucionalidad tarea que está en manos de los miembros del más alto tribunal: la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

La demanda, por una deuda de 100 mil pesos, la inició el Banco de Galicia y Buenos Aires contra los hermanos Manuel y Gabriel Cánovas. La propiedad subastada fue un campo de 5.100 hectáreas en el departamento de Tunuyán, que terminó en manos -aunque aún no se hayan hecho de la posición- de Los Chacayes SA.

Esta subasta se concretó en 2001 y el precio pagado fue de 100 mil pesos, valor que “no cubre -se dice en el expediente- ni 10 por ciento del valor real del inmueble rematado”.

En abril de 2007, el juez federal Walter Bento procesó al abogado Emilio Galeano y a Luis Hernando Riveros, gerente comercial de la sucursal Este del Banco Nación, por incumplimiento de los deberes de funcionario público y negociaciones incompatibles con el ejercicio de funcionario público, medida apelada por ambos y que ahora deberá resolver una Cámara. En la misma resolución también fue procesado el contador Hugo Tillar, comprador del inmueble “en comisión”. Aunque no se dieron los nombres de los mandantes, habrían sido los hoy procesados: Galeano, Riveros y el propio Tillar, entre otros, que integraban la sociedad Los Chacayes.

De acuerdo a las pruebas acercadas a la causa, se pudo determinar que el campo (ubicado en las cercanías de El Manzano) cuenta con superficies cultivadas con manzanas y nogales, mientras que otras áreas están destinadas para ganadería, con pasturas y agua propia, proveniente de vertientes naturales que nacen y mueren en la propiedad.

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Argumentos judiciales

El precio real -según lo determinado por la Justicia, en este caso la 5° Cámara Civil, Comercial y Minas- supera los 7 millones de pesos. Precisamente los integrantes de esta cámara refuerzan sus dichos con el aporte de citas y fallos. Así recuerdan que “si un magistrado actuante en proceso individual tiene como deber imperativo evitar que los bienes sean malvendidos, tanto más deberá procurarse ese objetivo en un proceso colectivo, de orden público, donde debe resguardarse primordialmente el interés de la comunidad de acreedores…”.

De ahí que en el escrito y con la firma de Bento se hable de “un precio vil” en referencia a los 100 mil pesos con los que se bajó el martillo de la subasta, criterio que trató de ser impugnado por la sociedad compradora, pero finalmente la Cámara resolvió “declarar la nulidad de la subasta efectuada en abril de 2001”, reiterando el concepto de “precio vil”.

Hoy el litigio llegó a la Corte Suprema de Justicia y ahí se resolverá la cuestión planteada en relación a la validez o no del remate realizada hace 7 años.

Según se pudo conocer ahora, César “Chiqui” Catena, conocido propietario de cotos de caza en la provincia de La Pampa, y también vecino del campo en litigio, estaría interesado en comprar esta propiedad rural. Para ello ya habría iniciado conversaciones con Gabriel Cánovas y también con las entidades bancarias que buscan recuperar sus créditos.