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“Tenemos la obra pública parada y los trabajadores de la construcción sin trabajo”; con esas palabras, el vicegobernador de La Rioja, Néstor Gabriel Bosetti (FpV), explicó que el reclamo por coparticipación a la Nación no implica, sólo, un problema de dinero.

En comunicación con MDZ Radio, el funcionario explicó que su provincia está en una situación “limite” y que, pese a ello, evitarán judicializar el reclamo.

“Todavía no hemos judicializado nada porque creemos que la primera instancia es el diálogo y somos respetuosos”, dijo Bosetti, a una hora de la reunión que encabezará el ministro del Interior de la Nación, Rogelio Frigerio, con los dirigentes de las 13 provincias que están reclamando el correspondiente porcentaje por copa federal.

Explicó que el pedido no pasa sólo por un tema de dinero sino que se trata de un problema que está afectando, incluso, al empleo. “En La Rioja tenemos la obra pública parada; los trabajadores de la construcción están sin trabajo”, lanzó.

A propósito de la advertencia del presidente Mauricio Macri sobre que “no se puede asistir al que no hace las cosas bien”, el vicemandatario sostuvo: “En nuestro caso, tenemos una tranquilidad total de que las cosas están bien hechas”.

Sobre el final de la nota, dejó en claro, sin embargo, que “la gente hoy está en juego y con serios problemas”.

Para entender la puja entre las provincias y la Nación por la copa federal, hay que remitirse a 1992.

Ese año, se realizó el “Acuerdo entre Gobierno Nacional y los Gobiernos Provinciales” a los fines de revertir las cuentas deficitarias de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses).

Como consecuencia, se convino una detracción del 15 por ciento a los impuestos coparticipables de las provincias para que, con esta suma, se atendiera el déficit del organismo previsional.

En los años siguientes once provincias -entre las que se excluyen Córdoba, San Luis y Santa Fe- transfirieron sus cajas jubilatorias a la Nación.

En 2006, por Ley, se extendió el acuerdo hasta que se sancionara una nueva ley de coparticipación federal, como exige la reforma de la Constitución nacional de 1994.

Finalmente, intervino la Corte reclamando que exista un diálogo institucional para reglamentar un nuevo Pacto Federal Fiscal.