El Estado nacional acordó con las provincias la devolución progresiva del 15% de la masa coparticipable que desde 1992 se destina a la ANSES.

En los últimos años la creación de empleo fue baja y muy concentrada en el sector público. Esta es una de las razones por las cuales el Estado cobra muy altos impuestos y brinda pocos servicios. La euforia por el retorno al mercado de capitales debería mesurarse de cara a la magnitud del reto que implica modernizar el sector público. De lo contrario, puede ser el principio de un nuevo proceso de endeudamiento irresponsable cuyo final sea otra crisis.

El Estado nacional acordó con las provincias la devolución progresiva del 15% de la masa coparticipable que desde 1992 se destina a la ANSES. Más allá de las consideraciones políticas y legales, se trata de una disposición con fuerte impacto fiscal ya que implica una importante pérdida de recursos para la Nación en favor de las provincias.

Para hacer frente a esta y a otras decisiones que se vienen tomando a nivel nacional en el marco de una situación fiscal extremadamente delicada heredada de la administración anterior, una de las principales herramientas a la que se está apelando es al endeudamiento. En el caso de las provincias, si bien la recuperación del 15% de coparticipación significa un alivio importante, de todas formas también vienen desplegando una activa vocación por contraer nueva deuda pública.

Este retorno al endeudamiento merece ser analizado de cara a las sucesivas crisis de deuda pública que el país sufrió en el pasado. Si bien es escasa la información consolidada de los tres niveles de gobierno, una aproximación se puede trazar en base al comportamiento del empleo público en los últimos años. En este sentido, según la Encuesta Nacional de Hogares Urbanos del INDEC, entre los años 2010 y 2014 se observa que:

El total de ocupados creció en aproximadamente 600 mil personas.

El 56% fue crecimiento de ocupados en la actividad privada.

El 44% fue aumento del empleo público en algunos de los tres niveles de gobierno.

Estos datos señalan que la generación de empleos fue baja ya que 600 mil nuevos ocupados en cuatro años equivalen a una tasa de crecimiento de 1% por año. Pero lo más preocupante es que el sector privado generó poco más de la mitad del total de los nuevos empleos. El resto se explica por una masiva acumulación de empleados en el sector público. Mientras que el empleo privado en los últimos años creció a razón del 0,6% por año, en el Estado aumentó el 2,5% por año. Esta diferencia da una idea de cómo el Estado se hizo cada vez más grande y menos productivo. Salvo excepciones puntuales, el rasgo común en los organismos públicos es la degradación y la falta de sustentabilidad.

Es válido el argumento de que resulta recomendable apelar al endeudamiento para instrumentar una transición menos traumática hacia el equilibrio fiscal. Favorece que más de una década de aislamiento trajera como consecuencia una caída en los niveles de deuda pública medida en términos de PBI. En igual sentido opera el elevado “apetito” de los inversores internacionales por prestarle al sector público argentino. Esta oferta se presenta, en parte, por un contexto interno más favorable y, en otra parte, por las escasas oportunidades en el contexto internacional y la caída del otro gran tomador de deuda de la región (Brasil). No menos cierto también es que existen serios riesgos de iniciar, como ya ocurrió varias veces en el pasado, un nuevo ciclo de endeudamiento no responsable.

El reingreso al mercado de capitales es una oportunidad para iniciar una etapa de desarrollo sustentable. La condición es que sea utilizado prioritariamente para corregir los déficits de infraestructura heredados y de manera acotada para dar gradualidad al ordenamiento fiscal. Por el contrario, si la vuelta a los mercados se utiliza para preservar desequilibrios fiscales insostenibles y convalidar la mediocridad en la gestión pública, la posibilidad de contraer deuda lejos de ser una solución es la víspera de una nueva crisis.

El entusiasmo por el retorno al endeudamiento debería mesurarse en función de la magnitud del desafío que subyace en la modernización del sector público. Resolver el conflicto con los fondos buitres era necesario para acceder a nuevo crédito. Pero el paso más importante y complejo es usar productivamente esa deuda para transformar la organización del Estado. El gobierno nacional no sólo tiene una enorme tarea de reconstrucción de sus propias dependencias sino también la de fijar reglas a las provincias y municipios para inducir mejoras en la gestión y el uso responsable del endeudamiento.

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