Eduardo Miragaya es director de Inteligencia sobre Delincuencia Económica y Financiera de la AFI, aún cuando tiene varias denuncias penales y licencias médicas extendidas.

La Nación informó que las autoridades de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) designaron al frente de una de sus áreas más sensibles a un fiscal que durante los últimos años acumuló denuncias penales y licencias médicas hasta que, convocado para la ex SIDE, comunicó su curación y comenzó a trabajar antes de obtener el permiso de la Procuración.

El fiscal general Eduardo Miragaya trabajó en el fuero de la Seguridad Social, y se vio involucrado en las denuncias por jubilaciones “truchas” de La Rioja. También fue señalado como uno de los “operadores” judiciales dilectos del menemismo, rol que habría retomado durante las últimas semanas.

Según indica La Nación, Miragaya solicitó a la procuradora Alejandra Gils Carbó (con quien está enfrentado), que le otorgue una licencia como fiscal general adjunto para poder ejercer su nuevo cargo, pero al momento de hacerlo, se identificó ya como director en funciones en la ex SIDE, y envió su petición en una hoja con membrete del organismo de inteligencia. En su nota le informó a Gils Carbó que había asumido en la AFI gracias a la “resolución 482/15″, aunque la fechó como del 4 de enero de este año y que no se publicó en el Boletín Oficial.

Luego de solicitar varias licencias médicas durante los últimos años, el 18 de enero Miragaya presentó un certificado que lo dio de alta antes de lo previsto. El alta fue firmada por un médico de la obra social del Poder Judicial, lo que le permitió sumarse a una de las áreas más controvertidas del organismo desde que el kirchnerismo impulsó una nueva “doctrina nacional de inteligencia” que pasó a incluir el combate al lavado de activos y la delincuencia económica y financiera.

Según indicó Miragaya a La Nación, fue convocado por Silvia Majdalani, quien fuera designada en la AFI por Mauricio Macri.

La información sale a la luz en la misma semana en que se supo que por medio del decreto 656, del 6 de mayo se derogó una norma sancionada en febrero de 2015 que habilitaba el acceso público a la información sobre el uso de los fondos de la AFI. De este modo, todos los recursos volvieron a ser confidenciales.