Un reporte elaborado por el Departamento de Estado pone el foco en el tráfico de personas y analiza las acciones del Gobierno frente a este delito durante 2015

En su nueva edición, el informe sobre la trata de personas que elabora anualmente el Departamento de Estado de los Estados Unidos ofrece un detallado diagnóstico referido a la comisión, persecución penal y prevención de este delito en la Argentina y contiene, además, recomendaciones para mejorar en estos aspectos.

“Argentina es un país de origen, tránsito y destino de hombres, mujeres y niños víctimas de la trata de personas con fines de explotación sexual y trabajo forzoso. Mujeres y niños argentinos son víctimas de la trata de personas con fines de explotación sexual dentro del país al igual que mujeres y niños provenientes de otros países de América Latina”, indica el reporte, al que tuvo acceso Infobae.

El documento advierte que, en el país, hombres, mujeres y niños provenientes de Argentina, Bolivia, Paraguay, Perú y otros países “son sometidos a trabajo forzado en una diversidad de sectores que abarcan talleres clandestinos, agricultura, venta ambulante, producción de carbón vegetal y ladrillos, tareas domésticas y pequeños emprendimientos”.

“El Gobierno no cumple plenamente con los estándares mínimos para eliminar la trata de personas”
“El Gobierno no cumple plenamente con los estándares mínimos para eliminar la trata de personas”

“La complicidad de los funcionarios, principalmente a nivel provincial, continúan entorpeciendo los esfuerzos del Gobierno para el combate de la trata”, indica el texto, que analiza el año 2015.

“El Gobierno no cumple plenamente con los estándares mínimos para eliminar la trata de personas”, sentencian los investigadores, al tiempo que reconocen que “lleva a cabo esfuerzos significativos” en este aspecto.

Desde los Estados Unidos consideran que, si bien el Gobierno condenó a algunos funcionarios cómplices, “la complicidad continuó siendo un problema”. En este marco, señala la falta de un Consejo Federal para la Lucha contra el Tráfico y Explotación de Personas y Asistencia a Víctimas.

“La complicidad continuó siendo un problema” en el combate del delito
“La complicidad continuó siendo un problema” en el combate del delito

En la misma línea, se recomienda a la Argentina “aumentar los fondos para dar servicios especiales a las víctimas, en particular aquellas vinculadas al trabajo forzoso” y se invita a trabajar en conjunto a las autoridades federales, locales y provinciales y a la sociedad civil. Paralelamente, sugieren redoblar esfuerzos para investigar, perseguir, condenar y castigar a aquellos responsables con las penas correspondientes.

Si bien el comercio de personas es un delito federal, de acuerdo con lo informado “algunas autoridades provinciales investigaron y persiguieron casos bajo figuras relacionadas con la explotación o el proxenetismo, dificultando la recolección de información”.

Tras aclarar que las autoridades nacionales “no informaron el número de casos investigados por la Policía” durante 2015, señala que durante el ciclo analizado el Gobierno “condenó a 35 traficantes y absolvió a 10 presuntos culpables”. El reporte observa que continúan abiertas varias causas vinculadas a la complicidad en la trata, algunas de las cuales fueron abiertas hasta 6 años atrás.

“Los esfuerzos del gobierno para asistir a las víctimas es irregular”
“Los esfuerzos del gobierno para asistir a las víctimas es irregular”

“Los esfuerzos del gobierno para asistir a las víctimas es irregular”, es otra de las frases que se leen. No obstante, la investigación reconoce que en 2015 abrieron centros destinados a combatir la trata en las provincias de Chaco, Santa Fe, La Pampa, Mendoza y La Rioja, donde mejoró la atención a las víctimas, en sintonía con Buenos Aires. Sin embargo, “no se hizo nada para identificar y asistir a víctimas de servidumbre doméstica”, precisa.

“Las autoridades no emitieron un plan nacional contra la trata como lo requiere la ley”, enuncian los investigadores, y aseguran que con esta carencia “no se pueden asignar presupuestos a nuevas estructuras”.

El reporte anual da cuenta de la preocupación que transmiten ONG y autoridades municipales frente a turismo sexual infantil, “aunque no fueron registradas investigaciones vinculadas con este delito”.

Por último, rescata que durante el año pasado el Gobierno haya “continuado trabajando proactivamente para registrar trabajadores informales, empleados rurales, y para investigar el incumplimiento de las leyes de trabajo”. (Infobae)