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Federación de Colegios de Abogados acusó al Gobierno de tomar un predio de los abogados riojanos

El titular de la FACA criticó el archivo del pedido de destitución del ministro fiscal. Difícil situación en las provincias Massot alentó la auditoría de la Justicia

Por La Gaceta

A la hora de evaluar el estado de la abogacía y de la Justicia en el Bicentenario, el santafesino Eduardo Massot pinta un paisaje con sombras alargadas y excepcionales luces. Como presidente de la Federación Argentina de Colegios de Abogados (FACA) tiene en la cabeza el mapa político-judicial completo del país. Y así como no le caben dudas sobre el presente negativo de la Justicia Federal, también está seguro de que los poderes judiciales provinciales están en una situación difícil, con el agravante de que sus conflictos y déficits no tienen la exposición pública que reciben los de los Tribunales federales de Comodoro Py.

Para ilustrar el panorama institucional sombrío de la Argentina del Bicentenario, Massot denuncia que, mientras transcurre esta entrevista, el Gobierno de La Rioja está tomando por la fuerza un predio perteneciente a los abogados riojanos. “Hablamos de un poder de facto, que se ejerce con topadoras. ¿Por qué? Seguramente porque los letrados son críticos con el Gobierno”, explica Massot, quien se trasladó a la ciudad de Tucumán por la XVIII Conferencia Nacional de Abogados, que concluye hoy.

-¿Qué matices advierte en la fotografía actual de la Justicia argentina?

-La Justicia Federal está muy mal en todo el país hasta el punto de que nosotros hemos promovido, con el Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires, una auditoría de los casos de corrupción. Pero no sólo está mal por la mora que se advierte en estas causas, sino también por lo edilicio, por las vacantes, por la estructura… Peleamos en forma permanente por la creación de nuevos cargos, pero necesitamos un mapa de necesidades. La auditoría que inicialmente iba a concentrarse en el juzgado del ex juez Norberto Oyarbide, después fue ampliada a todos los casos de la Justicia Federal que involucran a funcionarios públicos. Esta decisión del Consejo de la Magistratura de la Nación plantea una pregunta acerca de los tiempos: de nada sirve que las conclusiones de la fiscalización estén listas dentro de diez años…

-¿Y qué observa en las justicias provinciales?

-Observo realidades diferentes. Los vientos de transparencia no llegaron a algunos poderes judiciales. A partir de 2013, con la democratización de la Justicia, esta institución entró en un debate que se concentró en Comodoro Py. Creo que las investigaciones y las condenas de corrupción son más exiguas en las provincias que en la Justicia Federal, que es la que está en el centro de la crítica.

-En Tucumán, sin ir más lejos, fuera de un policía o de un inspector, ningún funcionario público provincial fue condenado por corrupción…

-Las causas terminan prescriptas o las denuncias son archivadas. Los colegios de abogados deberían evaluar la conveniencia de auditar la Justicia penal provincial para hacer un verdadero control de la gestión que determine por qué las causas no avanzan.

-La FACA apoyó al Colegio de Abogados de la Capital contra Edmundo Jiménez, titular del Ministerio Público. ¿Qué opina de la decisión de archivar el pedido de destitución?

-Obviamente no me complace el freno dispuesto por la Legislatura. Es malo para la Justicia que haya una denegación de investigación de funcionarios públicos, más aún cuando estos pertenecen al Poder Judicial. En esos casos principalmente se impone despejar las dudas. Los argentinos nos equivocamos al considerar al funcionario denunciado como víctima del revanchismo político. En esta situación, lo que corresponde es que el funcionario denunciado se ponga a disposición de la Justicia, no que se ampare en fueros ni que diga que hay una persecución. Jiménez debía dar el ejemplo en Tucumán y no lo hizo.

-El jueves usted participó en la inauguración de un programa de debate judicial promovido por el Gobierno provincial. ¿Qué le inspira esta iniciativa?

-Toda iniciativa siempre es positiva, el tema es cómo se sostiene después. Hemos visto muchas veces que las ideas de cambiar la Justicia quedan en la nada porque son meras puestas en escena. La política judicial debe aspirar a la transparencia. Y tiene que haber resultados concretos.

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