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Los problemas fiscales que afectan la distribución de recursos en provincias

La recaudación nacional cayó en agosto un 15 por ciento en términos reales, situación que repercutirá en los niveles de coparticipación. En junio y julio, los recursos del Fondo Federal Solidario registraron fuertes mermas.

Por Tiempo Sur

Un relevamiento realizado por TiempoSur arrojó que ya hay varias provincias que dependen casi exclusivamente de los adelantos de coparticipación y otras transferencias por fuera del Presupuesto  para afrontar el pago de salarios, entre ellas La Rioja, Entre Ríos y Tierra del Fuego. A la lista también se suma el municipio de Morón, en la provincia de Buenos Aires. El dato es una señal de alerta: ante la crisis económica con un claro deterioro del consumo, desinversión en la obra pública por parte del Gobierno nacional, caída de las exportaciones y una recaudación y coparticipación que caen en términos reales, varias provincias empezaron a sentir el impacto, situación que solamente es camuflada, en parte, por la billetera de la administración central.

De acuerdo a la información oficial del Ministerio de Hacienda y Finanzas Públicas, los recursos coparticipados a la provincia de Santa Cruz ascendieron a casi 690 millones de pesos durante julio. Si bien refleja un incremento del 24,5 por ciento respecto al año anterior (cuando se giraron 554 millones), el aumento se encuentra muy por debajo de cualquier índice inflacionario. El IPC CABA, que fue utilizado por el Indec durante el “apagón estadístico” de los primeros 7 meses de gestión de Mauricio Macri, indicó que la inflación anualizada alcanzó el 47,1 por ciento interanual.

Teniendo en cuenta estos números, los recursos que gira la Nación a la provincia fueron un 15,4 por ciento menos que lo que se giró para igual mes del año pasado. Es decir con los recursos girados se pueden comprar 15 por ciento menos de bienes y servicios.

Los datos de la coparticipación de agosto todavía no fueron difundidos, pero sí la recaudación general, que sigue muy por debajo de los actuales niveles de inflación. Esto hace suponer que los recursos que recibirá Santa Cruz por parte de la administración central seguirán corriendo por detrás de las verdaderas necesidades financieras de la provincia.

La recaudación

El primer concepto para analizar es el de la recaudación total, que si bien creció en un 25.09 por ciento interanual en agosto, al descontarle el nivel inflacionario estimado por el IPCBA (47,20%), resulta que los ingresos reales de la Nación cayeron un 15 por ciento. Es decir el Estado tiene en términos reales una capacidad de comprar bienes, brindar servicios, pagar salarios y realizar inversiones por un 15% menos que hace exactamente un año.

El IVA impositivo, que mide la recaudación interna de este impuesto que grava al consumo, cayó un 16,9 por ciento interanual. En este rubro es donde se ve fuertemente la retracción del consumo que ya es indiscutida en todo nivel: alimentos, bebidas, electrodomésticos, muebles, indumentaria, etc.  Según la Cámara Argentina de la Mediana Empresa (CAME), el mes pasado la baja en el consumo fue del 7,4 por ciento.

El Impuesto a las Ganancias cayó un 29,0 por ciento. Esto podría explicarse por las rebajas implementadas en el mínimo no imponible, pero que ya fueron neutralizadas por las paritarias. Por ende, la merma en lo recaudado por este impuesto revelaría un menor nivel de declaración de ganancias empresariales.

Otro rubro que sorprende por su nivel de desplome en la recaudación son los derechos de exportación (retenciones). La devaluación del 40 por ciento aplicada en diciembre del año pasado, que luego llegó al 60 por ciento, debería haber impulsado los ingresos nominales por este tributo. Pero ocurrió todo lo contrario. En términos nominales la recaudación por retenciones cayó en agosto un 32,44 por ciento y en términos reales –deflactado por la inflación-  un 54,10 por ciento. Es decir que si bien se instrumentaron bajas a las retenciones, también se advierte una fuerte caída en los volúmenes exportados.

Aquí es donde entra a jugar otro factor esencial para la provincia de Santa Cruz, que son los recursos que recibe por el Fondo Federal Solidario, que surgen del 30 por ciento de lo que se recauda por las retenciones a la soja. En julio, los recursos que recibió la provincia por el FFS fueron 33,4 millones de pesos, una caída del 16 por ciento frente a los recursos recibidos en el mismo período del año pasado (39,7 millones de pesos). En junio también se registró una caída del FFS. Santa Cruz recibió 21,7 millones de pesos, cuando un año antes había recibido 39,7 millones de pesos, es decir un desplome del 45 por ciento.

Esta situación fiscal no solo viene afectando a Santa Cruz sino que al resto de las jurisdicciones, salvo a la Ciudad de Buenos Aires cuya coparticipación fue multiplicada en un 245 por ciento a principio de año por un decreto de necesidad y urgencia (DNU), y en menor medida Córdoba, Santa Fe y San Luis, beneficiadas por el fallo de la Corte Suprema de Justicia que les devolvió el 15 por ciento de coparticipación detraído para la Anses.

Provincias en problemas

La coparticipación real para el conjunto de provincias que no fueron beneficiadas por la Corte y por el DNU del Gobierno nacional cayó en términos reales un 12 por ciento, aproximadamente. Los recursos del FFS cayeron en los últimos dos meses (junio y julio), y todavía falta que se informe el resultado de agosto. El próximo 15 de septiembre es la fecha límite para que el Poder Ejecutivo presente su proyecto de Presupuesto 2017. Uno de los indicadores que manejará la iniciativa es un tipo de cambio promedio para el próximo año de 18 pesos, lo que concretaría una nueva devaluación del 29 por ciento. Ante este escenario, es probable que las exportadoras de soja no liquiden sus divisas en lo que queda del año, a la espera de un nuevo reacomodamiento del tipo de cambio. Esto volverá a incidir en lo que reciben las provincias por el FFS.

Esta situación es un verdadero dolor de cabeza para los fiscos provinciales. Sin embargo, algunas han gozado de la venia del Gobierno nacional para recibir más recursos que otras, destinados en su mayoría al pago de salarios.

Según un relevamiento realizado por TiempoSur, Tierra del Fuego, Entre Ríos y La Rioja han pagado salarios en tiempo gracias a los adelantos de coparticipación. Incluso, en La Rioja se cobra el salario en un día y una suma no remunerativa a mitad de mes, cuando hasta el año pasado ese pago era unificado.

Entre Ríos tiene fecha de pago “dentro de los primeros 15 días del mes”, y otras que pagaban sobre el cierre del mes, estiraron algunos días su pago de salarios.

Las ayudas del Estado nacional no se están volcando al financiamiento de la obra pública, sino a darle cobertura a los gastos corrientes de cada una de las jurisdicciones.

Sin embargo, en este esquema de distribución de recursos, hay provincias beneficiadas y otras que no, como Santa Cruz.  En el primer semestre del año, el Gobierno, a través del Ministerio del Interior, conducido por Rogelio Frigerio, distribuyó 24.131 millones de pesos por los conceptos de adelanto de coparticipación, ATN y algunos adelantos de obra pública, de los cuales 5115 millones fueron para la provincia de Buenos Aires, gobernada por María Eugenia Vidal (Cambiemos), otros 2483 millones de pesos fueron destinados al gobernador radical Gerardo Morales (Cambiemos), y otros 2035 millones fueron distribuidos a Mendoza, gobernada por el radical Alfredo Cornejo (Cambiemos). En total, estas tres jurisdicciones recibieron el 40,0 por ciento del total de recursos distribuidos de manera discrecional.

De ese total, los adelantos de coparticipación fueron casi 12.500 millones de pesos, de los que el 70 por ciento favorecieron a propias “propias” y aliadas: Buenos Aires (PBA), Mendoza, Jujuy y Neuquén.