En octubre se conocerán los primeros resultados de la auditoría sobre el accionar, desde 1996, de la Justicia federal en casos de corrupción.El informe lo solicitó el Consejo de la Magistratura, órgano de control judicial.

Por La Voz del Interior

La auditoría encarada por el Consejo de la Magistratura de la Nación sobre juzgados, cámaras y tribunales federales de todo el país, incluidos los de Córdoba, comenzará a dar los primeros frutos en breve.

Fuentes del Consejo confirmaron a La Voz que estiman poder contar con los primeros informes de los auditores en el transcurso de octubre. Los oficios con los pedidos de estado de situación de las causas fueron girados entre julio y agosto, y las respectivas respuestas ya comenzaron a llegar a los auditores sorteados.

“La información que hemos requerido está llegando de cada uno de los tribunales. Luego viene una etapa de procesamiento de esa información para culminar con un informe que se eleva al Consejo de la Magistratura, que más tarde se expedirá al respecto”, explicó una fuente judicial.

Si bien no hay plazos establecidos ni por cumplir, la intención del Consejo es comenzar a pronunciarse desde el mes próximo.

La auditoría se puso en marcha en junio y tiene como objetivo auscultar el estado de las causas en las que se investiga a funcionarios públicos por posibles hechos de corrupción.

“En ninguna parte del país, ni en Comodoro Py, hubo resistencia a entregar la información”, comentaron los informantes para aquietar las olas que se habían generado en cuanto a que la auditoría podría esconder el propósito de avanzar sobre funcionarios judiciales afines al kirchnerismo.

En Córdoba, por ejemplo, sectores judiciales vinculados a la agrupación K Justicia Legítima señalaron que, detrás de la realización de la auditoría, el gobierno macrista, a través del Consejo de la Magistratura, busca “condicionar” a determinados jueces.

Aunque no se lo diga públicamente, el trabajo busca recopilar elementos para evaluar posibles pedidos de juicio político o generar la renuncia de los jueces más cuestionados por cajonear o por no actuar en casos de impunidad.

El relevamiento abarca el plazo comprendido entre 1996 y 2016. El trabajo, además, alcanza a los delitos vinculados con el lavado de dinero.

La medida, que cuenta con el aval del presidente Mauricio Macri, se produjo en medio del despertar judicial por el que atraviesan los tribunales federales, en especial el porteño de Comodoro Py, centro del desfile de exfuncionarios kirchneristas y de la propia expresidenta Cristina Fernández, quien debe dar respuestas ante los jueces Julián Ercolini, Claudio Bonadio y Sebastián Casanello.

Molinari Romero

Fuentes vinculadas al Consejo de la Magistratura precisaron que, como el período por auditar es extenso –20 años–, se buscó darles prioridad a las causas que están en trámite. “Hay muchas procesos que se encuentran archivados, y sacarlos de ese estado implica para los tribunales una complicación extra”, recordaron.

Para los tribunales federales con competencia en Córdoba y en La Rioja, el doctor Luis Molinari Romero resultó sorteado como auditor.

Más allá de que la auditoría tenga el apoyo del Presidente, en su última visita a esta provincia el ministro de Justicia, Germán Garavano, fue escéptico respecto del resultado del trabajo en marcha. “No soy optimista de que estas auditorías sirvan para determinar si un juez actuó mal”, le dijo oportunamente a este diario.

El funcionario, en cambio, consideró que las auditorías servirán para “ayudar a determinar cómo ha funcionado cada fuero. No hay información estadística sobre cuántos casos de corrupción hay y qué tiempo de investigación llevan estas causas. Será una información que puede servir para modificar lo que está mal en la Justicia”, dijo.