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El bono de fin de año divide a las provincias y complica al Gobierno

La disparidad económica entre los distritos le agrega una dificultad a la Casa Rosada, que esta semana debe hacer una propuesta general a la CGT

Por La Nación 

Si el Gobierno finalmente decide pagar un bono de fin de año a los estatales, como parte de la negociación con la CGT, el problema no sólo se trasladará de inmediato a las provincias y los municipios. También le abrirá un nuevo frente de conflicto a la Casa Rosada.

Es que el escenario de tener que desembolsar millones de pesos para compensar a sus empleados no sólo pone a la mayoría de las provincias en una situación financiera compleja. Además, y sobre todo, operará sobre un panorama dispar. Necesariamente se convertirá en otro ítem de la difícil negociación entre las provincias y el Gobierno y engrosará la lista de asuntos pendientes en la que ya figuran el presupuesto 2017 y la reforma del impuesto a las ganancias.

En el universo que deberá enfrentar el presidente Mauricio Macri conviven gobernadores que ya hicieron saber que pagarán un bono con otros mandatarios que, con los números en rojo, esperarán la decisión de la Casa Rosada. A éstos se suman los que ya avisaron que no están en condiciones de ofrecer ningún plus por más exigua que sea la suma y que, en caso de tener que hacerlo, deberán recurrir al auxilio financiero de la Nación.

Esa heterogeneidad ubica a Macri de cara a un panorama similar al que vivió a principios de año, cuando la resolución de la paritaria docente nacional se demoró por presión de los gobernadores. La mayoría de las provincias no podía pagar la nueva escala salarial y necesitó asistencia de la Casa Rosada para garantizar las clases. De todos modos, hubo paros y el inicio del ciclo lectivo se demoró en ocho distritos.

El antecedente coyuntural de la paritaria docente se suma a una realidad estructural de las provincias: el elevado porcentaje de empleados estatales en la mayoría de ellas y la alta incidencia del rubro salarios en el gasto total de cada distrito.

Según un estudio elaborado por Walter Agosto, investigador principal del Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (Cippec) sobre la base de datos oficiales, el porcentaje de empleados públicos provinciales sobre la población económicamente activa se ubica entre el 14 y el 48,6 por ciento, según el distrito (ver gráfico).

El peso del rubro salarios en el gasto total de las provincias, en tanto, recorre un rango que va del 31,9 en Santiago del Estero hasta el 61,4% en Río Negro.

A ese esquema histórico se suma la decisión del Gobierno de eximir del pago de Ganancias el medio aguinaldo de diciembre. El anuncio se haría esta semana, también en el contexto de la negociación con la CGT y como apuesta para evitar el primer paro nacional contra el gobierno de Cambiemos. El recorte en Ganancias -que es un impuesto coparticipable- impacta de lleno en las cuentas provinciales.

Ejecución imposible

Frente a ese panorama, las provincias más complicadas son las que tienen claro (y no ocultan) que pagar un bono de fin de año es imposible. Sus gobernadores lo han planteado ya. Y sin margen para interpretaciones o matices.

“No lo tenemos previsto. No estaba presupuestado ni calculado en nuestro esquema de gastos de 2016”, planteó esta semana Miguel Lifschitz. El gobernador santafecino incluso deslizó una crítica a Alfonso Prat-Gay, que fue el primer ministro del gabinete nacional en decir en público que el plus “seguramente” se pagaría.

Luego llegaron los avisos “suavizadores” de Jorge Triaca y Carolina Stanley, que, en cambio, advirtieron que el beneficio sería sólo “para los que más lo necesitan”. Traducido: lo recibirán beneficiarios de planes sociales, jubilados que cobran el haber mínimo y los estatales con los sueldos más bajos. El “achique” que esta semana ensayaron Triaca y Stanley deja en evidencia que también para el gobierno nacional el adicional de fin de año es un problema difícil de resolver.

Otro que descartó de plano un pago extra fue el gobernador de Chaco, Domingo Peppo. “No estamos en condiciones”, admitió a LA NACION. La negativa tiene en su caso un condimento extra: el chaqueño es uno de los referentes del grupo de gobernadores “nuevos” que se pusieron al frente del “reordenamiento” del PJ. Desde ese lugar, y a partir del buen diálogo que tiene con los mandatarios peronistas, podría impulsar un reclamo conjunto. Además, Peppo integra la lista de gobernadores que, antes de evaluar un pago adicional, tiene que conseguir fondos para pagar el aguinaldo.

A esa foto eventual podría sumarse el sanjuanino Sergio Uñac, otro de los gobernadores que participan de las movidas de los peronistas en gestión que quieren “renovar” el PJ bien lejos del kirchnerismo. “Es probable que pidamos una reunión con [el ministro del Interior, Rogelio] Frigerio”, deslizaron a LA NACION desde su entorno.

Tampoco para Formosa pagar un plus navideño es viable. El gobernador Gildo Insfrán es otro de los que, pese a no ser nuevo en la gestión (está al frente de la provincia desde 1995), podría sumarse a un planteo grupal de los jefes provinciales.
En Santa Cruz, el 48,6 por ciento de los trabajadores son estatales y el pago de salarios explica el 45,7 por ciento del gasto total de la provincia. Con un déficit anual de $7000 millones, y pese a doce años de favoritismo nacional, en la tierra de Alicia Kirchner el pago de un plus navideño es una quimera.

La pregunta se impone: ¿cómo enfrentarán esas provincias el obvio reclamo que harán sus estatales en cuanto se conozca el beneficio para los empleados nacionales?

Lifschitz la respondió ayer. En declaraciones radiales reiteró que “no tiene chances” de ofrecer un adicional, pero añadió: “Salvo que hubiera algún esfuerzo de coparticipación y algún aporte del propio gobierno nacional”.

Clarísimo. El problema “generado” por la Casa Rosada a partir de un acuerdo nacional volvería a su lugar de origen en forma de pedidos de fondos de parte de las provincias. Efecto búmeran en estado puro.

Como le pasa a María Eugenia Vidal en Buenos Aires, el gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck, espera novedades del gobierno nacional mientras intenta lidiar con el poderoso gremio docente de su provincia, que en los últimos días endureció el reclamo por la reapertura de paritarias con el anuncio de seis días de paro para las próximas tres semanas.

“Las finanzas de la provincia no permiten incrementar la masa salarial”, advirtió el gobernador. Menos, pagar un monto extra. El rionegrino es otro de los que, aunque no lo haya planteado en público hasta ahora, necesitarían recurrir a un préstamo de la Nación.

Distinto es el caso de la fueguina Rosana Bertone, que, pese a no estar en condiciones de ofrecer el plus, no tiene en mente tensar la cuerda con el Gobierno. Está negociando un adelanto de 400 millones de pesos de asistencia financiera para pagar sueldos y el medio aguinaldo de diciembre.

Sí, pero con ayuda

Hay otro grupo de gobernadores que en los últimos días dijeron en público, o dejaron trascender entre sus funcionarios, que tienen previsto otorgar un adicional a estatales. Entre ellos figuran el salteño Juan Manuel Urtubey y el chubutense Mario Das Neves, los dos peronistas. El primero pagará un plus de $ 3600 en tres cuotas entre noviembre y enero del año que viene. Será con fondos propios.

Das Neves camina sobre terreno menos firme. “Lo estamos charlando”, aseguró esta semana. Justamente, lo que está “charlando” el gobernador es cómo cubrirá ese gasto adicional. En su provincia, más del 50 por ciento del gasto se destina a pagar sueldos.

Otros dos peronistas que ya avisaron que habrá bono navideño son Juan Schiaretti y Alberto Rodríguez Saá. El gobernador cordobés no definió el monto, pero, según pudo saber LA NACION, está en condiciones de cubrir el gasto sin asistencia nacional. Córdoba fue una de las beneficiadas por el fallo de la Corte Suprema que ordenó devolver el 15 por ciento de coparticipación a las provincias.

En San Luis, otro de los distritos alcanzados por esa resolución, Rodríguez Saá piensa en un bono superior a $ 2500, que fue lo que pagó el año pasado. Sin embargo, todavía no dispuso el nuevo monto. “Voy a ver qué decide Nación y recién después definir”, dijo el puntano a LA NACION.

Otro que esperará a Macri antes de resolver es el tucumano Juan Manzur.

Frente a un mapa desparejo, la demanda promete ser uniforme. Una combinación que la Casa Rosada y los gobernadores ya conocen, pero que tendrán que volver a abordar.

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