Diputados buscará aprobar el proyecto de reforma a la ley del Ministerio Público

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La iniciativa del Poder Ejecutivo, que cuenta con el vital respaldo el Frente Renovador y de diputados de Progresistas, no tendría dificultades en obtener la media sanción en la sesión especial prevista para ese día.

Tras el debate en el recinto, se prevé que el bloque Justicialista acompañe la votación en general y rechace algunos artículos durante el debate en particular; mientras el kirchnerismo y la izquierda, en sintonía con sus dictámenes de minoría, rechazarán la iniciativa.

De acuerdo al texto que estará en debate, el cargo de Procurador General durará cinco años, con posibilidad de ser extendido por cinco más, a solicitud del Presidente de la Nación; por lo que se descuenta que la actual procuradora, designada durante la gestión kirchnerista, dejaría su cargo en agosto de 2017.

Además, entre los fundamentos para proponer la remoción de la jefa de las fiscales, el proyecto suma a las actuales causales de impedimento la “participación en actividad partidaria”, lo que complicaría a la actual procuradora por su vinculación a ‘Justicia Legítima’.

Una clausula transitoria del proyecto establece también que la bicameral de Ministerio Público deberá avalar los nombramientos de los fiscales de distrito, así como sus traslados, y revisar además las designaciones realizadas en las once direcciones generales en las que Gils Carbó apuntala su gestión.

En el articulado que se votaría el miércoles en el recinto, la bicameral tendrá las atribuciones que en el proyecto original se le pretendían dar a un ‘Consejo General del Ministerio Público Fiscal’, que quedará integrado por el procurador, tres fiscales generales y tres fiscales, aunque con escaso poder.

En el proyecto original, presentado en junio al Parlamento, el Poder Ejecutivo proponía que el mandato fuera de cuatro años, pero finalmente se impuso la decisión de que sean cinco, con opción de cinco más y a pedido del Poder Ejecutivo.

Además, quedó totalmente eliminada la implementación de cuatro sub procuradurías, por debajo de la figura del procurador general, entre otras cuestiones.
Sobre el tratamiento del proyecto, el presidente de la comisión de Justicia, Diego Mestre (UCR-Cambiemos), aseguró a Télam que “los consensos están para que sea aprobado” en la sesión del miércoles.

Negó también que se trate de “una injerencia del Poder Legislativo al Judicial”, como planteaban algunos miembros del sector judicial, que rechazaron de plano al texto.

“No entiendo cuáles son las objeciones a que el Ministerio Público sea controlado. En modo alguno es una injerencia”, aseguró Mestre, quien dijo que Brasil, México, Paraguay y Ecuador “tienen plazos acotados” y puso de relieve que “el presidente, el vicepresidente, los legisladores, tienen mandatos limitados, menos el Procurador”.

Si bien no descartó que se puedan introducir modificaciones al proyecto en el recinto, sostuvo que la iniciativa busca “democratizar el Ministerio Público Fiscal e introduce además del tema del plazo, del control por parte de una Comisión Bicameral y un mecanismo de remoción del Procurador”, entre otras cuestiones, para establecer “un contrapeso y que no todo recaiga en una sola persona”, es decir el Procurador General de la Nación, como hasta ahora.

En el mismo sentido se expresó el jefe de Gabinete, Marcos Peña, quien tras la firma del dictamen por parte del plenario de comisiones de Diputados consideró que al frente de la Procuración General de la Nación debe haber “alguien de prestigio y que reúna consenso”.

“Nos pueden acusar de muchas cosas, menos de estar operando en la Justicia. Siempre dijimos que Gils Carbó tenía una visión militante de la Justicia, y eso es algo que no puede aceptarse. Ella se define como una militante política”, recordó el jefe de Gabinete.

Si bien en el dictamen se omitió refrendar las continuidades de las unidades fiscales que investigan los delitos de violencia de género y el robo de bebés durante la última dictadura, desde el Poder Ejecutivo aclararon que “se harán los cambios que hagan falta” en el recinto.

Concretamente, el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Germán Garavano, aclaró, a través de un texto que posteó en su cuenta personal de la red social Twitter, que el proyecto del Ejecutivo “no propone suprimir fiscalías”.

“El proyecto de ley del MPF no propone suprimir fiscalías especializadas. La UF de Violencia contra las mujeres seguirá trabajando normalmente”, sostuvo el ministro.
Por Télam