El reparto de fondos a las provincias, un debate que falta

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 La discusión por fondos entre la Nación y las provincias es ya un clásico argentino. Cambian las administraciones y el debate continúa. Y sigue sin rediscutirse la ley de coparticipación federal de impuestos. Sin embargo, en la actualidad los recursos coparticipables representan sólo un cuarto del total de dinero que el gobierno central gasta en las 23 provincias y la ciudad de Buenos Aires. En los últimos años no sólo hubo cada vez más transferencias arbitrarias, sino que, según revela un informe, el mayor nivel de gasto no favoreció a las provincias con menor Índice de Desarrollo Humano (IDH), un indicador creado por Naciones Unidas, que tiene en cuenta tres variables: la esperanza de vida, el nivel de alfabetización y el PBI per cápita.

Un trabajo de Mary Acosta, Guillermo Pizarro y Víctor Peralta, economistas del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Córdoba (CPCE) cruza los datos del IDH con el aporte por todo concepto que las provincias reciben de la Nación, y el resultado marca que “no se usa el gasto para mejorar la calidad de vida e impulsar desarrollo”.

Tierra del Fuego, con un IDH relativamente alto, de 0,88 sobre uno, es la provincia más beneficiada en el reparto. El saldo fiscal per cápita (diferencia entre lo que recibe de la Nación y lo que el distrito aporta) fue en 2015 de $ 160.072 pesos. Buenos Aires, en cambio, tuvo un saldo negativo de $ 16.997 por habitante, con un IDH de 0,84. Las otras jurisdicciones que cerraron con saldo en rojo fueron Córdoba ($ 7784 per cápita); Neuquén ($ 5375); Santa Fe ($ 4573) y Entre Ríos ($ 275).

Según Acosta, “directamente no hay criterio en la administración del gasto y carecemos de eficiencia tributaria”. Agregó que si no hay una redefinición de las reglas, la situación no se modificará. “Los manejos discrecionales siguen a la orden del día y cada gobierno se aprovecha de un sistema que permite actuar por fuera, crear nuevos impuestos, fondos específicos o hacer lobby; sin reformas, todo seguirá igual”, afirmó.

En ese marco, el economista sostuvo que el debate por una nueva ley de coparticipación debe ampliarse para poner sobre la mesa todo lo que se reparte. “Cada gobierno nacional y provincial aprovechó que no hay reglas claras”, consideró.


El sistema vigente determina que las provincias chicas “casi no tengan incentivos” para generar recaudación propia, porque la mayor parte de sus ingresos proviene de la Nación, mientras que las grandes pierden interés en contribuir a la recaudación porque los fondos no permanecen en su distrito, y a la administración central le conviene crear impuestos no coparticipables para no compartirlos.

Para los autores del informe, que ganó el tercer premio del Congreso Nacional de Profesionales de Ciencias Económicas, para determinar cómo se hace el reparto deberían incorporarse indicadores que consideren el nivel de desarrollo de cada jurisdicción y, además, valorar la eficiencia en el uso de recursos, de modo que la transferencia con fines redistributivos tienda a bajar en el tiempo.

“El objetivo es que el número de provincias aportantes al fondo que se coparticipa aumente, a la vez que disminuya la cantidad de receptoras de fondos”, apunta.

La participación de cada distrito en el total de las transferencias automáticas -aunque tiene alícuotas fijas por ley- varió entre 2010 y 2015 porque algunas solicitaron adelantos de coparticipación y después negociaron cómo devolverlos. Al comienzo de la serie, Buenos Aires representaba el 19,7% valor que cayó a 18,7% el año pasado. En ese período la participación de Córdoba subió 0,36%, seguida por Santa Fe (0,35%), Chaco (0,20%), Salta (0,17%) y Tucumán (0,16%).

Si el análisis se hace per cápita, las provincias ganadoras en 2015 fueron Tierra del Fuego ($ 33.653), Catamarca ($ 27.814) y Formosa ($ 25.939). ¿La contracara? Buenos Aires, que recibe $ 4656 vía coparticipación por habitante, Mendoza ($ 9166), Córdoba ($ 10.345) y Santa Fe ($ 11.025).

El orden cambia si lo que se mira es la evolución de los fondos entregados vía Aportes del Tesoro Nacional (ATN): Buenos Aires modificó significativamente su participación, al saltar del 27% del total en 2010 a 39% en 2011, 70% en 2014 y 55% en 2015. Otra provincia que logró más recursos por este camino fue Santa Cruz: la tasa de variación entre 2014 y 2015 fue 2934,8%: en términos nominales pasó de $ 6,6 millones $ 200, 3 millones. En la medición per cápita, los distritos que más recibieron vía ATN en 2015 fueron Santa Cruz ($625), La Rioja ($138,7), Formosa ($53,5), Buenos Aires ($33,7) y Catamarca ($25,2).

Parte de los recursos que las provincias envían a la Nación por recaudación de tributos nacionales son devueltos bajo la forma de gasto público. En 2015, la administración nacional destinó el 33% de sus erogaciones a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, mientras que en 2010 era el 40%. La caída se registró en un contexto de fuerte crecimiento del gasto público nacional. El segundo distrito de mayor importancia es Buenos Aires que participó con un 25% del total.

Le siguieron Córdoba (5%), Santa Fe (5%), Mendoza (3%) y Tucumán (3%); el resto recibe entre un 2 y un 1 por ciento del gasto global.

Si se mide por habitante, el año pasado encabezó el listado la ciudad de Buenos Aires ($ 111.641), seguida por Santa Cruz ($37.226), La Rioja ($26.520), La Pampa ($24.937) y Tierra del Fuego ($24.434).

Un conflicto, un acuerdo

Desde su asunción, el gobierno de Mauricio Macri ha buscado el acuerdo con gobernadores provinciales para diferentes proyectos políticos y para establecer el reparto de fondos. Uno de estos pactos fue el firmado para la devolución progresiva del 15% de la coparticipación, que durante más de dos décadas se les descontó a las jurisdicciones para reforzar el financiamiento del sistema jubilatorio nacional, al que la mitad de las provincias transfirieron sus cajas en los 90.

Córdoba, San Luis y Santa Fe son las tres provincias que habían logrado un pronunciamiento de la Justicia a su favor para volver a contar con esos fondos, luego de extensos reclamos. En los últimos años también hubo demandas por la falta de asistencia de la Nacióna las cajas previsionales que quedaron bajo la órbita de varias provincias.

Por La Nación