Las restricciones económicas tienen consecuencias políticas. El gobierno de Mauricio Macri comenzó a ejecutar obras públicas en las provincias a ritmo sostenido, pero tiene demorados pagos por $ 6000 millones para cumplir la meta de déficit de 4,8% del PBI. Ello genera tensiones con los gobernadores, protestas por promesas incumplidas y peleas internas en el gabinete.

Según pudo saber LA NACION, el conflicto comenzó a ser una discusión recurrente entre el ministro del Interior, Rogelio Frigerio, y la mayoría de los mandatarios provinciales. Los gobernadores se quejan de que el ministro de Hacienda, Alfonso Prat-Gay, “pisa” los pagos de las obras públicas. El motivo: la falta de recursos y la necesidad de cumplir con el déficit fiscal de 4,8% del PBI en 2016.

La llave de la caja la tiene el secretario de Hacienda, Gustavo Marconato, otro blanco de críticas entre los gobernadores. Los voceros de Prat-Gay negaron a LA NACION que haya retrasos de fondos y aclararon que “se está cumpliendo con el cupo presupuestario de todos los ministerios”.

Hasta octubre último, Frigerio ejecutó el 70% de las obras presupuestadas, unos $ 29.900 millones: 14.400 millones en viviendas; 8500 millones en hospitales, escuelas y recursos hídricos, y 7000 millones en cloacas y agua (AySA).

“Prat Gay tiene pisados $ 6000 millones, con lo cual sólo se pagaron efectivamente 23.900 millones”, dijo a LA NACION un funcionario de la Casa Rosada. Se agudiza así la pelea interna entre Prat-Gay, que tiene la chequera, y Frigerio, que debe armar los acuerdos políticos con el PJ.

Frigerio prevé ejecutar a fin de año el 85% de las obras. El año comenzó muy lento: se revisaron todos los expedientes del ex secretario de Obras Públicas José López, investigado por la Justicia, y hubo una pelea de tres meses con la Cámara de la Construcción por la redeterminación de precios.

Para compensar aquella demora, Frigerio acelerará la ejecución en el primer trimestre de 2017. Será justo al comienzo de la campaña electoral.

En la Casa Rosada admitieron a LA NACION que muchos gobernadores llaman diariamente a Frigerio para quejarse de Prat-Gay y de Marconato. El pasado de Marconato es un factor de críticas: era de estrecha confianza de los ex presidentes Néstor Kirchner y Cristina Kirchner. Entre 2003 y 2011 fue diputado por Santa Fe y presidió las estratégicas comisiones de Presupuesto y de Pymes.

“Esto es más que Marconato, él recibe órdenes de Prat-Gay, cuyo único objetivo es cerrar el déficit fiscal con la meta de 4,8% en 2016”, explicó a LA NACION un funcionario de la Casa Rosada.

Costo político

La Casa Rosada apuesta ahora al apoyo de los gobernadores para sancionar en Diputados el impuesto a las ganancias que propone Prat-Gay. Tal como informó ayer LA NACION, confían en que respalden el proyecto oficial que les implicaría el menor costo fiscal.

De todos modos, la demora en el pago de las obras le genera un doble costo político a Macri: anuncia medidas de aumento del gasto sin bajar el déficit fiscal y no puede obtener los beneficios de reactivar y generar empleo.

Sobre el fin de año, además, se frenará la ejecución de muchos gastos para compensar el aumento en el último mes de los planes sociales, los bonos de fin de año y todas las medidas para pasar las Fiestas con paz social, en un contexto en que la recaudación no creció como se esperaba. En las últimas semanas, el gobernador Sergio Casas, de La Rioja, se quejó de deudas impagas. Su par de Tierra del Fuego, Rosana Bertone, llamó a Frigerio porque no le pagaban un acueducto. Fuentes cercanas al gobernador de Córdoba, Juan Schiaretti, dijeron a LA NACION que hasta ahora no le llegaron fondos de la obra pública comprometida -salvo de viviendas-, pero dijeron que “confían en la Nación”.

El mandatario de Neuquén, Omar Gutiérrez, les pasó factura a varias oficinas de Interior. Le pidieron que vaya a ver a Marconato. Mario Das Neves, de Chubut, reclama $ 200 millones de viviendas. El jueves llamó a Marconato, pero éste no le atendió el teléfono. Juan Manzur, de Tucumán, también espera por fondos de viviendas y agua. En aquella reunión de Olivos, Das Neves habló del tema con Casas, Peppo, Bordet y con el vice de Santa Cruz, Pablo González. Otros gobernadores también admitieron demoras.

Los teléfonos que más suenan en el Ministerio del Interior son los de los secretarios de Provincias, Alejandro Caldarelli, y de Vivienda, Domingo Amaya y los subsecretarios de Relaciones con las Provincias, Paulino Caballero; de Recursos Hídricos, Pablo Bereciartura, entre otros.
Por La Nación