En el informe anual de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad se detalló que durante 2016 hubo 19 nuevas sentencias en juicios por delitos de lesa humanidad, mientras que los condenados ascienden a 733 y los absueltos a 78. Además de los datos estadísticos sobre las causas en trámite y la situación procesal de los imputados, el análisis detalla “los principales avances y obstáculos enfrentados por el proceso de justicia” y repasa los hitos del año. 

No obstante, el informe pone énfasis respecto a la condición de detención o la libertad de los imputados, ya que los datos muestran una “tendencia creciente en el número de imputados con arresto domiciliario”. 

De hecho, durante 2016, aumentó en 80 el número de imputados con esta modalidad de detención, “una cifra significativa que terminó por invertir la relación entre los datos, especialmente durante el segundo semestre”. 

Así, 1141 imputados (41 por ciento) atraviesan el proceso judicial libres; 1052 (38 por ciento) se encuentran detenidos; mientras que 533 (19 por ciento) fallecieron, y 45 (2 por ciento) permanecen prófugos. “Al 20 de diciembre de 2016, se registran un total de 585 causas, en las que son (o fueron, hasta su fallecimiento) investigados 2771 imputados. Existen otras 249 causas que fueron acumuladas en alguna fase de la investigación, conformando en algunos casos las llamadas ‘megacausas'”. 

Los datos surgen del diagnóstico elaborado por la Procuraduría a cargo del fiscal federal Jorge Auat y coordinada por Carolina Varsky a partir de la información remitida por los fiscales de todo el país que se presenta año a año sobre los “principales avances y obstáculos enfrentados por el proceso de justicia en el que se investigan crímenes de lesa humanidad en Argentina durante 2016”.

Además del detalle estadístico sobre el estado de los expedientes por los delitos cometidos durante el terrorismo de Estado y la situación procesal de los imputados, el documento presentado esta semana por la Procuraduría especializada destaca además que “se han profundizado” “ciertas tendencias que se presentaban desde el 2014 (menor cantidad de sentencias y por consiguiente de nuevos imputados sentenciados por año, mayor cantidad de excarcelaciones o de detenciones bajo la modalidad de arresto domiciliario)”, dice el informe publicado en la web fiscales.gob.ar.

Los números a nivel nacional

Desde 2006, tramitan ante la justicia federal 585 causas en las que se investiga la responsabilidad de un total de 2771 imputados por delitos de lesa humanidad. De ese total de expedientes, el 47 por ciento (277) todavía se encuentra en etapa de instrucción; el 30 por ciento (173) obtuvo sentencia, de las cuales, 87 se encuentran aún en instancia de revisión por la Cámara Federal de Casación Penal o la Corte Suprema de Justicia de la Nación; el 20 por ciento (119) se encuentran elevadas a juicio, aunque sólo seis tienen fijada fecha de inicio del debate. Hay 16 juicios en curso, que representan el 3 por ciento del total de causas.
En tanto, el 29 por ciento (806) de los acusados se encuentra procesado; el 26 por ciento (733) fue condenado; el 17 por ciento (462) falleció antes de ser sentenciado; el 15 por ciento (408) está imputado; al 6 por ciento (155) se le dictó la falta de mérito; el 3 por ciento (78) resultó absuelto; el 2 por ciento (52) fue sobreseído; hay 30 personas (1 por ciento) que fueron recientemente indagadas, y otras tres que fueron declaradas incapaces.
Respecto a la condición de detención o la libertad de los imputados, los datos muestran una “tendencia creciente en el número de imputados con arresto domiciliario”. De hecho, durante 2016, aumentó en 80 el número de imputados con esta modalidad de detención, “una cifra significativa que terminó por invertir la relación entre los datos, especialmente durante el segundo semestre”. Así, 1141 imputados (41 por ciento) atraviesan el proceso judicial libres; 1052 (38 por ciento) se encuentran detenidos; mientras que 533 (19 por ciento) fallecieron, y 45 (2 por ciento) permanecen prófugos.

Avances y retrocesos
El informe analiza también las dificultades en el trámite de las causas. En ese sentido, la Procuraduría advierte que “es preocupante que la mitad de las causas se encuentran en etapa de instrucción, así como las demoras y los estancamientos en la instancia de juicio”.
Un primer problema que se detalla es que “se consolidó la baja en la cantidad de sentencias y de nuevos sentenciados por año”. El pico histórico se registró en 2012 y 2013, con 25 veredictos por año. Desde entonces, el número descendió: en 2014, se dictaron 21; en 2015, 20, y hasta el 20 de diciembre, 19.

Durante 2016, fueron sentenciados 161 imputados (136 condenados y 25 absueltos). En comparación con 2015 (117 condenas y 10 absoluciones), esa cantidad se incrementó. Este año finalizaron dos de las “megacausas” que se encontraban en curso: La Perla y Plan Cóndor y Automotores Orletti II. El informe subraya que “podría pensarse que esta cuestión tiene un efecto en esta cifra: finalizaron menos juicios pero varios de ellos fueron altamente significativos en términos de cantidad de víctimas y de imputados sentenciados”. Sin embargo, solamente, 95 de los 161 imputados sentenciados en 2016 lo fueron por primera vez.

En instancia de debate o plenario, son 248 los procesados que están siendo enjuiciados y 160 de ellos no han sido sentenciados previamente.
La segunda dificultad son las “demoras en el inicio y el ‘final’ de las causas”. Según los datos de la Procuraduría, los plazos extensos de las investigaciones en la etapa de instrucción “tienen efectos concretos en el desarrollo del proceso: nuevas investigaciones implican la ampliación del universo de imputados, lo cual permite una comprensión más amplia de la represión ilegal y sus autores, pero las constantes de moras engrosan el número de causas que están muy lejos de obtener sentencia”.

Por otra parte, la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad advierte que continúa la lentitud de las instancias de revisión: apenas 25 por ciento de los condenados (187) y el 17 por ciento (13) de los absueltos tienen su sentencia firme.

Por último, el informe repasa los “hitos del 2016 en el proceso de justicia”, en los que se destacan los tres funcionarios judiciales condenados: los ex jueces federales Luis María Vera Candioti en Santa Fe y Roberto Catalán en La Rioja y el ex fiscal federal Gustavo Demarchi en Mar del Plata, por su participación en el terrorismo de Estado.

Además, subraya la sentencia del empresario dueño de La Veloz del Norte, Marcos Jacobo Levín, por la privación ilegítima de la libertad y las torturas padecidas por el entonces delegado gremial Víctor Manuel Cobos, las condenas en el juicio oral por los crímenes cometidos en el marco de la alianza criminal continental conocida como Plan Cóndor y los importantes avances en la investigación de violencia sexual. El informe repasa además los sobreseimientos de los imputados por la apropiación de Papel Prensa.