La decisión del presidente Mauricio Macri de otorgar 25.000 millones de pesos extras a la provincia de Buenos Aires a modo de compensación por el tope al Fondo del Conurbano y de condonarle deudas por 10.000 millones de pesos tensó la relación con el resto de los gobernadores y modificó el clima para encarar el debate por una reforma impositiva integral.
El más frontal fue el chubutense Mario Das Neves , quien le advirtió al Presidente que -de concretar la medida- se enfrentarán “mal”. Inscribió la resolución en el año electoral y planteó que, si hay otras medidas de este tipo, “va a ser un descalabro y va a haber injusticias”; cuestionó la falta de “una mirada federal”.

En diálogo con LA NACION, el ministro de Economía de Santa Fe, Gonzalo Saglione, enfatizó que la decisión de la reparación a Buenos Aires es “política”, mientras que su provincia sigue esperando una “decisión sobre un hecho concreto”, como es el fallo de la Corte Suprema por la deuda acumulada por la retención del 15% de la coparticipación para la Anses.

Al no tener que negociar con la Nación, el ex gobernador santafecino Antonio Bonfatti fue menos cauto y acusó al gobierno nacional de distribuir fondos de acuerdo con el “color político”. En referencia a la deuda no arreglada con su distrito, el ex mandatario dijo: “Parece que los fondos están para unos y no para otros. Si éste es el camino que elige Macri, se equivoca”.

Si bien el dinero para Buenos Aires no se les recorta a las provincias, la pelea por los fondos nacionales es permanente. Los gobernadores venían condicionando una solución al techo del Fondo del Conurbano a que no les implicara una renuncia a sus recursos, pero ahora apuntan a otro frente: ven que “la torta se achica” para la distribución que se hace por fuera de la coparticipación.
El presidente del bloque del Frente para la Victoria en el Senado, Miguel Ángel Pichetto, se sumó a las críticas; dijo que “hay distritos privilegiados, donde se reiteran políticas arbitrarias del gobierno central para con el resto”. Coincidió con Bonfatti en que existen “claras intenciones electoralistas” a favor de la bonaerense María Eugenia Vidal.

Consideró además “muy complicado” desde el punto de vista federal continuar con las “asimetrías y la injusticia en materia de distribución de recursos a las provincias”. A pesar de las críticas, todos los consultados por LA NACION que participaron de las reuniones entre los gobernadores y la Nación admitieron que Vidal y su ministro Hernán Lacunza plantearon “siempre” el tema y que se admitió que requería una solución, pero que no fuera en detrimento del resto.

Tensión extra

Néstor Bosetti, vicegobernador de La Rioja, recordó ante LA NACION que en 1996 la provincia cedió casi un punto de coparticipación y nunca lo recuperó. “Lo venimos planteando desde entonces y también lo hemos hecho con Macri. Tenemos el mismo derecho que Buenos Aires de ser compensados”, afirmó.

La pretensión es que no se les envíe un proporcional en ATN, sino que se les reintegre el esquema original. “Nos oponemos a todo lo que sea tocarnos recursos propios, porque también tenemos problemas”, resumió.

“Todos sabíamos que si la plata no salía del fondo común iba a salir de la Nación. No hay sorpresa”, apuntó a LA NACION un funcionario provincial. Incluso el ministro de Hacienda de Córdoba, Osvaldo Giordano, en las oportunidades en que se abordó la cuestión advirtió que “judicialmente” era insostenible el techo de 650 millones de pesos del fondo, aunque también mencionó que Buenos Aires debía computar los subsidios concentrados en el conurbano y que no reciben otros distritos.

Según supo LA NACION, el ministro del Interior, Rogelio Frigerio, mantuvo ayer diálogos con algunos mandatarios provinciales para aquietar las aguas y explicar la decisión de la Casa Rosada de otorgarle fondos extras a la provincia de Buenos Aires. El ministro había abierto ya ese diálogo días atrás y lo continuará en los próximos días.

Por otra parte, la próxima semana, en Hacienda habrá una reunión para perfilar la reforma fiscal que Macri prometió para este año; será entre funcionarios del área, sin participación de las provincias. Después se retomarán los encuentros periódicos de la comisión que ya viene funcionando. En ese marco, hay quienes interpretan que el problema del decreto a la firma del Presidente es el timing; provoca a los gobernadores con los que hay aspectos clave a negociar, como reducir, eliminar o reemplazar Ingresos Brutos.

“El decreto complica sentarlos a la mesa, no ya debatir los cambios a realizar”, razonan en ese grupo. “¿Y cuándo sería el momento? Nunca: siempre que se le da recursos a uno hay otros que se enojan”, ironizó ante LA NACION una fuente del Ministerio de Hacienda.

Por La Nación