El Gobierno intentará reflotar el proyecto de reforma electoral a partir de marzo y avanzar con cambios al sistema tributario, pero la relación con el peronismo en el Senado, fundamental para la aprobación de esas iniciativas, se presenta tensa en el inicio del año debido al envío de fondos a Buenos Aires y la posible reducción de aportes patronales.

Si bien el bloque de senadores del PJ-FPV (que ostenta una holgada mayoría en la Cámara alta) terminó 2016 con una marcada división entre los peronistas dialoguistas y el kirchnerismo duro, las medidas del Ejecutivo amenazan con cerrar esa grieta.

El jefe de esa bancada, Miguel Ángel Pichetto, nunca se apartó del mandato que le dan los gobernadores peronistas y la CGT. Precisamente con esos dos actores clave el Gobierno empezó a tener fricciones: con los primeros, a causa del giro por decreto de 25 mil millones de pesos para la provincia de Buenos Aires, y con los segundos, por la intención de reducir los aportes patronales.

Días atrás, Pichetto expresó la preocupación de los gobernadores por las “asimetrías y la injusticia en materia de distribución de recursos a las provincias”, a propósito del envío de fondos a la gobernadora María Eugenia Vidal.

En tanto, la CGT objetó la intención de Dujovne de bajar los costos laborales y se puso en alerta ante una posible reducción de los aportes patronales, al tiempo que advirtió al Gobierno que debe corregir el rumbo para no “volcar”.

El peso de la opinión de los gobernadores y de la CGT en el Senado quedó demostrado cuando se trató la ley para modificar el Impuesto a las Ganancias, cuya aprobación fue demorada por el bloque que comanda Pichetto a la espera de que el Gobierno llegara a un acuerdo con esos dos sectores. La subordinación del peronismo dialoguista a los deseos de los mandatarios provinciales y la CGT, combinada con la vocación del kirchnerismo duro a rechazar todo lo que provenga de la administración nacional, deriva en un frente de tormenta cercano para el Gobierno.

Por Diario BAE