El Gobierno nacional creará por decreto nuevos centros de frontera en 14 pasos internacionales habilitados con el objetivo de mejorar la infraestructura, centralizar la información migratoria, cruzar datos y elevar el control de ingreso tanto de extranjeros de países limítrofes como de mercaderías por tierra. El texto apunta principalmente a la Triple Frontera y ya está listo sobre el escritorio de Mauricio Macri, quien podría estampar su firma entre hoy y el próximo lunes.

Los 14 centros de frontera, donde se entre cruzarán datos de Migraciones, Justicia y Seguridad, incluyendo una base de datos con alertas sobre antecedentes penales, incluirán cámaras domo con luces infrarrojas para controlar tanto el ingreso de personas y de intercambio comercial. Se buscarán mejorar los procesos de logística, ingreso de personas, carga y descarga de mercadería, y hasta casas de cambio. El Poder Ejecutivo Nacional también dispuso la colocación de lectores de patentes de vehículos para detectar automóviles con denuncias de robo o pedido de secuestro, control que hasta ahora no se realizaba en los pasos 14 fronterizos internacionales incluidos en el decreto.

El objetivo de estas dependencias será centralizar la información de Migraciones, dependiente del Ministerio del Interior, la Aduana, a cargo de la AFIP y los ministerios de Justicia, encabezado por Germán Garavano, y de Seguridad, a cargo de Patricia Bullrich. El Gobierno de Macri busca así coordinar a los ministerios con competencias en los pasos internacionales para centralizar y acelerar el tratamiento de expedientes en caso de extranjeros que busquen ingresar al país.

Los 14 centros de frontera que se crearán por decreto estarán ubicados en los pasos fronterizos con Uruguay, Paraguay, Brasil y Chile. En el límite con el país trasandino habrá 9: en San Francisco (Catamarca), Pircas Negras (La Rioja), Agua Negra (San Juan), en Cristo Redentor y Pehuenche (Mendoza), en Pino Hachado y Cardenal Samoré (Neuquén), en Integración Austral (Santa Cruz) y en San Sebastián (Tierra del Fuego). La cantidad de nuevas instalaciones en paso a Chile se debe a la prioridad que el oficialismo otorga, más allá del plano criminal, a los corredores viales de intercambio comercial del eje con salida al Océano Pacífico. En el borde con Uruguay se instalará un centro de frontera en el límite Concordia-Salto en la provincia de Entre Ríos. El modelo a replicar de estos nuevos centros, que incluirán más cabinas de peaje y controles más exhaustivos, es la instalación inaugurada por Rogelio Frigerio el 19 de diciembre pasado en Puerto Iguazú, Misiones, en el paso a Foz de Iguazú, Brasil. A partir del decreto, se crearán dos centros nuevos en Paso de los Libres-Uruguayana, y en Santo Tomé-Sao Borja en Corrientes, todos en el borde con territorio brasileño. El control de la triple frontera, a cargo del Ministerio de Seguridad de Patricia Bullrich se completará con un nuevo centro en la capital de Misiones, en el paso a Paraguay vía Encarnación.

Más allá de este decreto, la Casa Rosada también trabaja en un proyecto de ley para acelerar los tiempos de expulsión de extranjeros. Ayer, el jefe de los senadores del FpV-PJ, Miguel Angel Pichetto, estuvo en la sede del Ejecutivo. El Gobierno, de acuerdo con el director nacional de Migraciones, Horacio García, trabaja en un borrador para resolver la expulsión de un extranjero que delinque en el país, que en la actualidad puede llegar a demorar hasta ocho años. Pichetto es el principal aliado de Macri para blindar la aprobación de esta ley en el Senado.

Esa ley podría ser debatida en el marco de una reforma penal de fondo. Ayer el Gobierno nacional conformó la comisión que tratará la reforma del Código Penal. Será presidida por el juez de la Cámara de Casación Penal, Mariano Borinsky. e integrada por otros doce juristas y especialistas: el exministro de Justicia bonaerense Carlos Mahiques; el juez de la Corte Suprema de Santa Fe, Daniel Erbetta; el juez de la Cámara del Crimen de Córdoba Víctor Vélez; Patricia Llerena, jueza del Tribunal Oral en lo Criminal de la Capital Federal; el procurador salteño Pablo López Viñals; el fiscal Pablo Turano; el camarista Guillermo Yacobucci, Fernando Córdoba (cercano al ex procurador Esteban Righi); Patricia Ziffer, secretaria letrada de la Corte Suprema de Justicia de la Nación; y Carlos González Guerra, director de Política Criminal del Ministerio de Justicia.

Por Ámbito Financiero