La intención oficial es resistida por las asociaciones ambientalistas Existen proyectos mineros en regiones amparadas por la ley de glaciares, que fue sancionada en 2010.

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El Poder Ejecutivo prepara una reforma del decreto reglamentario de la ley de glaciares, muy resistido por las asociaciones ambientalistas en el marco de la elaboración de un proyecto para un nuevo Acuerdo Federal Minero. Bajo análisis está la posibilidad de flexibilizar el criterio usado para delimitar las zonas vedadas para actividades como la minería.

Así consta en un borrador del decreto reglamentario que forma parte de una causa en la que se investiga el incumplimiento de la ley de glaciares por parte de funcionarios nacionales de este gobierno y del anterior (Oficial: confirmaron que hay 46 glaciares en las sierras de Famatina).

Según el diario La Nación, la Secretaría de Minería pretende que en esas áreas sólo sean consideradas reservas estratégicas de recursos hídricos -y, por lo tanto, objeto de protección- los glaciares de escombros que tengan una contribución hídrica “estadísticamente significativa”. Propone, además, que para determinarlo no se recurra a una “evaluación ambiental estratégica”, como quiere el Ministerio de Ambiente, sino a un “estudio de significancia hídrica”, un examen más específico.

“La ley establece que el ambiente periglaciar es el área con suelos congelados que actúa como regulador del recurso hídrico, pero este decreto pretende modificar esto dejando afuera los glaciares de escombros, decisión no prevista por la ley, y permitir así el avance de las mineras en estas zonas”, levantaron su voz la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas, Greenpeace y la Fundación Ambiente y Recursos Naturales, por medio de un comunicado en el que denunciaron un “nuevo ataque a la ley de glaciares”.

Durante la investigación judicial, que instruye el juez federal Sebastián Casanello, se comprobó también que, de acuerdo con documentos oficiales, existen un total de 44 emprendimientos mineros, todos aprobados, pero la mayoría todavía en etapa de preparación, “cercanos a cuerpos criogénicos” incluidos en el Inventario Nacional de Glaciares.

El inventario fue ordenado por la ley de glaciares, sancionada en 2010, y quedó a cargo del Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (Ianigla), un organismo técnico dirigido por científicos del Conicet.

La intención de la Casa Rosada es multiplicar los proyectos y duplicar las inversiones en el sector para que la Argentina se convierta en una potencia regional en ese rubro.

La herramienta central de esta política -considerada estratégica por el presidente Mauricio Macri y por el ministro de Energía, Juan José Aranguren- es un proyecto de ley para establecer un nuevo Acuerdo Federal Minero. Apunta a homogeneizar las legislaciones nacional y provinciales, para darles estabilidad impositiva a los inversores, evitar conflictos con los gobiernos locales y lograr el respaldo de las comunidades donde se desarrolle la actividad. Es algo similar a lo que hizo el gobierno anterior con la actividad petrolera.

La meta es alcanzar en los próximos ocho años inversiones por US$ 25.000 millones. Es más del doble que los US$ 10.000 millones registrados entre 2007 y 2015, pero mucho menos que lo invertido en ese tiempo en Chile (US$ 80.000 millones) y Perú (US$ 52.000 millones).

BORRADOR ACUERDO MINERO