Saltar al contenido.

El aumento del empleo estatal provincial está muy por encima de la dinámica poblacional

En 2004 había 37 empleados por cada 1000 habitantes; en 2015 la cifra alcanzó los 51. Las contrataciones estuvieron 36% por encima de lo que creció la población.

El acuerdo que firmaron el ministro de Hacienda Nicolás Dujovne y 21 de sus pares provinciales para avanzar en la reforma de la ley de responsabilidad fiscal establece que la planta de personal no debe crecer por encima de la población. Hay una excepción: las provincias que hayan alcanzado el equilibrio fiscal podrán sumar empleados para “mayor prestación de servicios sociales” como salud, educación y seguridad.
Según LA NACIÓN, las provincias representan cerca del 36% del gasto público consolidado, pero como están a cargo de los principales servicios públicos -educación, salud, seguridad- generan el 66% del empleo público total. La administración nacional es responsable del 21% y los municipios, del 13%, según datos de la Economía & Regiones (E&R).

El aumento del empleo estatal provincial está muy por encima de la dinámica poblacional. En 2004 había 37 empleados por cada 1000 habitantes; en 2015 la cifra alcanzó los 51. Las contrataciones estuvieron 36% por encima de lo que creció la población.

Jorge Colina, de Idesa, explica a LA NACION que si el aumento hubiere sido al mismo ritmo que crece la población, habría 600.000 agentes menos. Admite que hay cada vez más demandas de la gente, pero entiende que -con las nuevas tecnologías- “dar más y mejores servicios no necesariamente requiere sumar más gente”.

Otro dato que configura el mapa del empleo estatal provincial es que, en promedio, el salario de ese sector supera en 20% el nivel de las remuneraciones privadas. Las excepciones son la ciudad de Buenos Aires, Chubut, Neuquén, Santa Cruz, San Luis y Buenos Aires.

Desde el Ieral de la Fundación Mediterránea, Jorge Day señala que aquellas jurisdicciones con alto nivel de empleo estatal cada vez tienen “más limitaciones” para sostener esos sueldos.

Según E&R, Catamarca lidera el ranking de empleados públicos provinciales por habitante (142,8); sigue La Rioja (133,2); Jujuy (112,4) y Tierra del Fuego (109,8).

Para Day, la necesidad de los gobiernos de sostener los planteles de personal los lleva a aumentar la presión impositiva lo que “desalienta inversiones” y generación de trabajo privado lo que -a su vez- reduce las posibilidades de mejorar la recaudación.

Además, las jurisdicciones suelen echar mano al endeudamiento o la reducción de obra pública para sostener empleo. Por otro lado, si el salario público aumenta sobre la inflación, empuja a los privados a seguir igual camino.

El estancamiento de la economía argentina que comenzó en 2011 se refleja en la mala performance de los indicadores de productividad desde entonces e impacta en la capacidad de los privados de mantener y mejorar el ingreso real de sus trabajadores.

“Este fenómeno -describe Day- fue ignorado en varias provincias.” A los salarios, en promedio más altos, se agregan otros beneficios como la estabilidad laboral y, en algunos casos, menos horas y días de trabajo que los privados.

Heterogeneidad

Hay un grupo de provincias en las que los estatales ganan menos que los trabajadores privados. Figuran varias petroleras (Neuquén, Santa Cruz y Chubut), donde ese sector paga mejores sueldos. También está la ciudad de Buenos Aires, jurisdicción donde está la mayoría de las casas matrices de las grandes empresas y que, además, es donde hay más agentes públicos nacionales. También está San Luis, caso que Day adjudica “posiblemente” a las derivaciones de la estructura creada por la promoción industrial en ese distrito.

En el otro segmento -las que pagan más que los privados- se cuentan jurisdicciones “grandes”, como Córdoba y Santa Fe, y también Mendoza y Entre Ríos.

En San Juan, por ejemplo, los menores precios del oro (provincia minera) redujeron el salario privado promedio en cinco años, pero mejoró el del estatal. Day hace la salvedad de que la jurisdicción contaba con finanzas públicas saneadas.

Por supuesto, en muchos casos, la contratación de agentes por parte del Estado actúa como una forma de reducir el desempleo. Un trabajo de NoaNomics de hace un año -ahora Félix Piacentini, su director, se sumó al equipo de Hacienda- calculó cuántas empresas privadas adicionales deberían crearse para emplear en blanco a los estatales “superabundantes”.

La conclusión fue unas 45.000 compañías para absorber una media del 30% de las nóminas públicas; la cifra implica un crecimiento de alrededor del 7% de las existentes en la actualidad. Llevaría dos años siempre y cuando las provincias no tomaran más gente.

Colina apunta que la meta de que el empleo público provincial reduzca su crecimiento al ritmo de la población implica “congelar” la situación actual; “convalida y sostiene altos niveles de sobre-empleo e impide el ordenamiento de las finanzas públicas”.

A %d blogueros les gusta esto: