La cantidad de empleados públicos provinciales pasó de 36 a 51 personas cada 1000 habitantes desde 2003 a 2015.

En el periodo 2003-2015, la planta de agentes provinciales se incrementó en un 59,3% (819.000 empleados).

El mayor aumento en la gestión kirchnerista se dio en las provincias de Tierra del Fuego, Santa Cruz, Chaco y Jujuy, según datos oficiales.

Según el Iaraf, en Santa Cruz la cantidad de empleados públicos cada 1000 habitantes pasó de 84 a 110 en estos 12 años; en Tierra del Fuego de 78 a 121; en La Rioja de 77 a 104; en Neuquén de 73 a 99; en Catamarca de 68 a 105; en Río Negro de 57 a 80; en Chaco de 41 a 73; en Jujuy de 52 a 89; y en la Ciudad de Buenos Aires de 37 a 66.

Ariel Barraud, del Iaraf, dijo a LA NACION que “suponiendo que las provincias con menor densidad poblacional requieran, por el tipo de bienes y servicios públicos que prestan las provincias (salud, seguridad, educación), más personal por cada mil habitantes, no surge claro que sea necesario el cuádruple de empleados cada mil habitantes en algunas provincias y sólo el doble en otras”.

Al respecto, aclaró que “hay un efecto claro del menor desarrollo económico en las provincias con el empleo público utilizado como reaseguro o resguardo económico de al menos una franja de la población, que puede asociarse a clientelismo, aunque no se disponen de mayores evidencias que las anecdóticas al respecto. Lo que sí no puede negarse, es que en algunas provincias el empleo público es claramente más fuerte que el empleo privado formal”.

Este fenómeno genera, aclaró, “un problema también para el sector privado en cuanto a que tiene que competir con el sector público por recursos escasos (mano de obra calificada y semicalificada) muchas veces en condiciones desfavorables respecto al salario y condiciones de empleo público que son mejores que las del sector privado desde el punto de vista del trabajador”.

Para solucionar este problema, opinó, “una alternativa sería poner realmente a competir el empleo público con el empleo privado, si no en salarios por lo menos en las exigencias de eficiencia y productividad”.

Por su parte, el ex ministro de Hacienda de Santa Fe e investigador del Cippec Walter Agosto indicó que cuando se observa la evolución del empleo provincial “se advierte un espectacular crecimiento que sobrepasa largamente el crecimiento vegetativo de la población”.

Según Agosto, a fines del 2016 había 3.490.000 empleados públicos en todo el país; del total, 740.000 corresponden al gobierno nacional (41%), 2.297.000 a las provincias (66%) y 451.000 a los municipios (13%). Cabe aclarar que las provincias tienen a su cargo los servicios de salud, educación y seguridad.

“Si bien se observó un comportamiento heterogéneo en las distintas jurisdicciones, 13 de las 24 jurisdicciones incrementaron sus dotaciones por arriba del promedio. Se destacan, Tierra del Fuego, Santa Cruz, Chaco y Jujuy que duplicaron o más que duplicaron sus plantas”, explicó.

Para el especialista, “es evidente que existe un problema de incentivos derivado del propio régimen fiscal federal que acentúa este problema: la falta de correspondencia fiscal y la historia de salvatajes suelen dar marco a políticas fiscales provinciales imprudentes, entre las que se encuentra la incorporación masiva de personal”.

“Pero el problema es más complejo si se tiene en cuenta que existe una fuerte concentración del empleo privado en pocas provincias (Ciudad de Buenos Aires, provincia de Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba), situación que es reflejo de una estructura productiva concentrada geográficamente. Muchas provincias pobres carecen de actividades productivas pujantes que demanden fuentes de trabajo y apelan al empleo público como un seguro de desempleo encubierto, con todo lo que ello implica”, concluyó.