Algunos dirigentes políticos y periodistas, ya sea por mala fe o por ignorancia, vienen sosteniendo públicamente que la sentencia dictada por la Cámara de Casación Penal contra el Senador Carlos S. Menem, en la causa por el contrabando de armas a Croacia y Ecuador, se encuentra firme, razón por la cual corresponde su desafuero para el cumplimiento de la condena.

Sostengo que únicamente de mala fe o por ignorancia se puede afirmar algo semejante, porque es sabido que contra las sentencias que dicta una Cámara de Casación, se puede recurrir a la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Y en este caso en particular, contra la sentencia en cuestión se ha interpuesto el recurso extraordinario hace más de 4 años sin que la Cámara le haya dado el trámite pertinente.

Corresponde señalar de todos modos que la sentencia condenatoria de la Cámara de Casación es aberrante, porque ha violado principios fundamentales del Derecho Penal, de la Constitución Nación, de la Convención Americana de Derechos Humanos y del Pacto de Derechos Civiles y Políticos incorporados a nuestra Constitución. Y esto es así porque el Dr. Menem había sido absuelto por el Tribunal Oral Penal, luego de un juicio en el cual se aportó una enorme cantidad de pruebas, documental, testimonial, informa y pericial, en mérito a la cual ese Tribunal que escuchó directamente a los testigos y examinó en forma personal todos esos elementos, de la cual resultaba en forma incontrastable que no había ningún motivo de reproche penal al ex Presidente de la Nación.

La sentencia de la Cámara de Casación es notoriamente arbitraria e inconstitucional, porque se excedió en la competencia que le atribuye el Código Procesal Penal, en cuanto entró a analizar la prueba e interpretar los hechos a su exclusivo antojo, contrariando las conclusiones de los jueces que receptaron directamente las pruebas, cumpliendo con el principio de inmediatez que hace a la esencia del proceso oral, violando además el derecho de defensa, la garantía del debido proceso y el principio de congruencia en cuanto cambió caprichosamente el objeto de la imputación. Todas estas irregularidades se desarrollan ampliamente en el recurso extraordinario sobre el cual tendrá que expedirse la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Pero lo más grave del caso es que la Cámara de Casación violó el derecho del condenado a defenderse en una segunda instancia, tal como lo establecen en forma categórica el artículo 8.2.h. de la Convención Americana de Derechos Humanos y el artículo 14.5. del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos incorporados a la Constitución Nacional en virtud del artículo 75 inciso 22. Caber señalar al respecto que la intervención de la Corte Suprema de Justicia de la Nación no constituye la “segunda instancia” o el “doble conforme” que exigen las normas constitucionales citadas, por cuanto se trata de un recurso muy limitado en cuanto a su alcance, que está lejos de ser de carácter amplio, accesible y eficaz, como lo exige la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (caso Mohamed) y receptada por nuestro más alto tribunal, entre otros, en el caso Duarte Felicia del 5/8/2014).

La arbitrariedad de la Sala I de la Cámara de Casación no sólo consistió en exceder los límites de su competencia y violar todos los principios que hacen a la legítima defensa y al debido proceso legal para dictar la sentencia condenatoria, sino que además adoptó la actitud insólita de REENVIAR LA CAUSA AL MISMO TRIBUNAL ORAL PENAL NÚMERO 3 QUE HABÍA ABSUELTO AL DR. MENEM, PARA QUE FIJE EL MONTO DE LA PENA. Para que se entienda bien porque parece increíble, el mismo Tribunal que decidió excluir de culpa y cargo al imputado, tuvo que aplicar una pena por decisión de la Cámara de Casación, que en realidad constituyó una invitación al prevaricato. La defensa interpuso un recurso en contra de esa decisión del Tribunal Oral, pero como era de esperar por la evidente falta de imparcialidad, la Cámara de Casación confirmó la decisión que, por supuesto será motivo de otro recurso extraordinario.

Resumiendo, la sentencia condenatoria que dictó la Sala I de la Cámara de Casación Penal fue recurrida hace más de cuatro años mediante un recurso extraordinaria ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, a la cual aún no se le dio curso, razón por lo cual dicha sentencia no se encuentra firme . Como tampoco se encuentra firme la sentencia dictada por el mismo Tribunal confirmando la pena que estableció el Tribunal Oral N° 3, por imposición de la Sala I de la Cámara de Casación.

Resulta inadmisible y bochornoso que por causa de espurios intereses políticos enquistados en el Poder Judicial, se siga manteniendo en la picota por casi veinte años a un ciudadano que fue elegido y reelegido democráticamente como Presidente de la Nación, violando una de las garantías fundamentales establecidas por los Tratados Internacionales incorporados a nuestra Constitución, que exige que “los procesos penales duren un “tiempo razonable”.

Las repudiables maniobras de algunos jueces y fiscales que fueron cambiando arbitrariamente las imputaciones pretendiendo encuadrar de cualquier modo en algún tipo penal, actos de gobierno dictados en forma legal por el Presidente Menem, lo que llevó incluso el cambio de fueros en la tramitación de la causa, fueron las que causaron estas inadmisibles demoras que constituyen una verdadera lacra para la justicia argentina.