Las PASO del domingo en La Rioja derivaron en una situación que sienta un precedente nefasto: la consolidación de las peores armas de la vieja política, en asociación con jueces incapaces de hacer cumplir la máxima de que todos somos iguales ante la ley. El domingo ocurrió en ese distrito un hecho que orilla lo ridículo: ganó las elecciones una boleta cuyo principal candidato ha sido suspendido por la justicia electoral por estar condenado por delitos gravísimos. Es decir, el electorado que lo eligió votó por la candidatura fantasma de un condenado. Y ese fantasma éticamente inhábil cosechó el 47% de los votos.

La historia es conocida, pero sus derivaciones son hoy impredecibles. El protagonista es Carlos Menem, quien se postula a su reelección como senador nacional por La Rioja.

Días antes de las PASO, la Cámara Nacional Electoral (CNE) había hecho lugar a una impugnación presentada en contra del ex presidente en razón de que pesan sobre él una condena judicial a cuatro años y seis meses de prisión por el pago de sobresueldos a funcionarios de su gobierno, y otra a siete años de cárcel y 14 de inhabilitación para ejercer cargos públicos por la causa del contrabando de armas mientras era jefe del Estado. Además, está siendo enjuiciado por supuesto encubrimiento en la investigación del atentado terrorista a la AMIA. Todos los pronunciamientos en su contra fueron apelados por Menem ante la Corte Suprema de Justicia.

Si el alto tribunal finalmente confirmara el fallo de Casación sobre el contrabando, ya no habría margen de ningún tipo para que el Senado no lo desafuere. El jefe de la bancada justicialista en la Cámara alta, Miguel Ángel Pichetto, en defensa de Menem, dijo que el fallo de la CNE que daba cuenta de la “incompatibilidad ética” de la postulación “afecta el derecho a elegir y a ser elegido”. Y tanto Pichetto como los promotores riojanos de la candidatura de Menem se basaron en que no corresponde inhabilitarlo electoralmente porque no cuenta con condena definitiva. No es así. Son numerosos los juristas que, como Daniel Sabsay, sostienen que el artículo 23 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos sólo habla de “condena por un juez competente en proceso penal”, sin especificar si se trata de condena firme o definitiva.

Además, que las cámaras legislativas sean jueces de los títulos de sus miembros (artículo 64 de la Constitución) no puede ser interpretado para neutralizar condenas judiciales. La falta de ética de Menem es a todas luces evidente. Si la Justicia no se pronunciara antes del 2 del mes próximo, cuando vencerá el plazo para la registración de candidatos elegidos en las PASO, se habrá dado peligrosa entidad, una vez más, a la impunidad. Dilatar ese pronunciamiento, por otro lado, podría dar lugar a que el candidato condenado y fantasmal se sienta con derechos que no lo asisten. Y que el tiempo devenga abstracta su situación. La Justicia debe actuar rápido y dar una señal clara de respeto por la calidad institucional.

Editorial de La Nación