Los fallos de la Corte Suprema de hace 10 días en donde instó a 17 distritos para que definan si van a reclamar por vía judicial la deuda por el 15% de Coparticipación que dejaron de recibir desde 2006 para financiar la ANSeS o si lo harán en una mesa de negociación con el Ejecutivo nacional, sirvió para generar un abroquelamiento en torno al reclamo que se definirá en la justicia. El mensaje que llegará al Palacio de Justicia esta semana será claro: las provincias no bajan el reclamo.

Hace una semana, el Máximo Tribunal intimó a las provincias de Buenos Aires; Santiago del Estero; Salta; Tierra del Fuego; Santa Cruz; Jujuy; La Pampa; Formosa; Misiones; Tucumán; San Juan; Chaco; Río Negro; Neuquén; Catamarca; Mendoza y La Rioja; para que este jueves le notifiquen si mantendrán la vía judicial o negociarán algún proceso de regularización de la deuda con el Ejecutivo en el marco del acuerdo para impulsar una Ley Federal de Coparticipación.

Según había explicado una alta fuente de la Corte, la intención era que cada provincia diga “me puse de acuerdo en esto con el Gobierno y lo mantengo”. Sin embargo, esto generó una “causa común” de parte de la mayoría de las administraciones que entienden que no hay señales para ir por el camino de la negociación.

“Las provincias vamos a contestar que seguiremos la vía judicial y esto se debe a que nadie puede renunciar a seguir con un juicio sin nada a cambio, y hoy no hay propuestas ni señales de parte de la Nación para un acuerdo”, explicó a El Cronista Roberto Gattoni, ministro de Hacienda de San Juan.

“Primero hay que entender que el acuerdo con Nación es para restituir el 15% desde 2016 en adelante y el reclamo judicial es por el período 2006-2015. Nosotros conversamos con los ministros de las provincias a las que la Corte envió el fallo y hay un acuerdo generalizado en seguir por esta línea porque no tenemos ninguna oferta de parte del Ejecutivo. Las provincias estamos dispuestos a escuchar, pero Nación es quien tene que ofrecer algo”, agregó el funcionario sanjuanino.

En ese sentido, José Vanini, fiscal de Estado de La Pampa, explicó que va a responder “que mantendrá el trámite de las actuaciones que persiguen la inconstitucionalidad del artículo 76 de la Ley 26.078”.

“La Fiscalía de Estado, siguiendo expresas instrucciones del gobernador manifestará oportunamente a la Corte que mantiene la pretensión planteada, solicitando la prosecución del trámite judicial correspondiente”, explicó. “El objeto de la demanda es que se declare la inconstitucionalidad del artículo 76´ de la Ley N´ 26.078, que dispone la prórroga unilateral de la distribución del producido de los tributos prevista, entre otras, en la Ley N´ 24.130 “durante la vigencia de los impuestos respectivos, o hasta la sanción de la Ley de Coparticipación Federal que establece el artículo 75´ inciso 2´de la Constitución Nacional, lo que ocurra primero, y el cese de la detracción de fondos”, agregó.

En la misma línea se expresaron desde varios distritos, desde donde adelantaron su intención de mantener el reclamo por vía judicial, como fue el caso de Tucumán que “seguiremos en la justicia”.

“Es poco probable que alguna de las provincias decida bajarse del reclamo porque abre la puerta a que desde la oposición les hagan juicio político por ceder en el reclamo”, agregaron desde una de las provincias afectadas.

Además, en relación a la variante que propone la Corte, el acuerdo Nación-Provincias firmado el 18 de mayo de 2016 y ratificado por el artículo 24 de la Ley Nacional 27.260 surge del artículo 4º del referido acuerdo, “…la firma del mismo no implica, de ningún modo, para la provincia, el reconocimiento o no de la validez constitucional del artículo 76´ de la Ley 26.078, así como tampoco implica la renuncia a los reclamos administrativos y/o judiciales que las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires hayan efectuado o efectúen respecto de las detracciones comprendidas o no en el mencionado acuerdo …”.

Los fallos que llevan la firma del presidente de la Corte, Ricardo Lorenzetti, y de los jueces Horacio Rosatti y Juan Carlos Maqueda, no alcanzan a provincias que ya tienen diferentes situaciones legales, como Santa Fe que tiene fallo favorable, o Córdoba y San Luis.