Las objeciones a la candidatura del ex presidente Carlos Menem para ocupar por tercera vez consecutiva una banca en el Senado de la Nación se basaron en la condena recibida por el tráfico de armas durante su gobierno -que la Corte dijo que aún no está firme y por eso habilitó su postulación- y en el juicio oral que se le sigue por presunto encubrimiento del atentado contra la AMIA, aún lejos de una sentencia, y más todavía de que quede firme.

Sin embargo, Menem tuvo una segunda condena a fines de 2015, que podría quedar firme en las próximas semanas y allí sí se abriría la puerta legal para impedirle reasumir su banca en diciembre o, incluso, que sea desaforado antes de ello y hasta que sea detenido, situación que seguramente se transformaría rápidamente en una prisión domiciliaria dada su edad (88 años).

Se trata de la condena que recibió por parte del Tribunal Oral en lo Criminal Federal 4 (TOCF4) a cumplir cuatro años y medio de cárcel por la comisión del delito de peculado por el pago de sobresueldos a funcionarios que lo acompañaron en su segundo mandato de gobierno, entre 1995 y 1999.

Allí fueron condenados también el ex ministro de Economía Domingo Cavallo y el ex ministro de Justicia Raúl Granillo Ocampo, que recibieron sendas penas de tres años y medio y tres años y tres meses de prisión, respectivamente.

La sentencia fue dictada el 1 de diciembre de 2015 y sus argumentos difundidos el 2 de marzo de 2016. Ahora se encuentra apelada ante la sala II de la Cámara Federal de Casación Penal, que luego de excusaciones y cambios tiene conformado el trío de jueces que intervendrán. Ellos son Angela Ledesma, Ana María Figueroa y Mariano Borinsky. Y el tribunal ya le puso fecha a la audiencia en la que se escucharán los argumentos de la fiscalía, las defensas de los condenados y la querella de la Oficina Anticorrupción (OA), según dijeron a Clarín fuentes judiciales.

La fijación de la fecha de la audiencia indica que el tribunal está próximo a resolver, lo que ocurriría dentro del mes siguiente a su realización, es decir alrededor de la fecha de las elecciones legislativas del 22 de octubre. El Código Procesal Penal habla de veinte días hábiles para tomar una decisión luego de escuchar a las partes.

La defensa de Menem, como las otras partes del juicio, fue citada para el miércoles 27 de setiembre, el mismo día que en los tribunales comenzará el juicio oral y público contra el ex ministro de Planificación Julio De Vido por su presunta responsabilidad en la tragedia de Once, el accidente de tren en el que murieron 52 personas.

Si los jueces llegaran a ratificar la sentencia y la pena de cuatro años y medio de cárcel, Menem debería ser detenido inmediatamente. Pero como es senador y tiene fueros, no puede ser arrestado, al menos hasta el 10 de diciembre, que se le vence el mandato que seguramente renovará en la elección.

Por ello, la Justicia deberá comunicar la situación al Senado, con lo cual debería abrirse un procedimiento para desaforarlo y que cumpla la condena, que ya tendría el “doble conforme” (dos tribunales distintos que opinaron lo mismo sobre el caso) que argumentó la Corte que no estaba dado en la causa por el contrabando de armas a Ecuador y Croacia.

Previsora, la Corte, cuando falló a favor del ex presidente al declarar la nulidad del fallo de la Cámara Nacional Electoral que lo inhabilitaba para ser candidato, ordenó abrir un legajo interno en el propio máximo tribunal con los antecedentes penales y electorales del riojano.