El fiscal del Estado Héctor Durán Sabas planteó en detalle con documentación jurídica probatoria el trato discriminatorio que tiene la Nación con la provincia de La Rioja al no adjudicarle partidas en compensación al punto de coparticipación que perdió en 1988. Afirmó que en el proceso judicial planteado por la provincia de Buenos Aires para que se le actualicen los montos del fondo del conurbano bonaerense, la Procuración del Tesoro de la Nación (de funciones similares a las Fiscalías de Estado en las provincias) le reconoce a la provincia de Buenos Aires, en su presentación ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación el derecho a pedir esa actualización. Durán Sabas planteó la flagrante contradicción que significa la decisión del gobierno nacional de negar los fondos compensatorios a La Rioja, como si en el país hubiera ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda. Es decir, el Estado Nacional tiene una postura tomada respecto de Buenos Aires, absolutamente contraria a la que decide con La Rioja, lo cual deja legalmente descolocado al gobierno nacional.

El fiscal de Estado hizo hincapié en el derecho paraconstitucional de la provincia y en la  cláusula transitoria 6° del artículo 75º la Constitución Nacional que establece que “tampoco podrá modificarse en desmedro de las provincias la distribución de recursos vigentes”.

Durán Sabas brindó en la mañana de este miércoles una conferencia de prensa para explicar diferentes aspectos jurídicos que sostienen la ilegalidad en la quita de fondos en compensación del punto de coparticipación que se le arrebató a La Rioja en 1988. En la oportunidad, estuvieron presentes también los ministros de Hacienda, Ricardo Guerra; de Gobierno, Claudio Saúl; de Infraestructura, Juan Velardez y de Planeamiento e Industria, Rubén Galleguillo.

“Estamos en un momento complicado para la provincia de La Rioja respecto a los fondos mal llamados extracoparticipables que ha venido recibiendo”, inició el fiscal y explicó que en el año 1988 cuando se sanciona la Ley de Coparticipación que nos rige hasta la actualidad, la provincia de La Rioja en ese reparto de porcentuales de la coparticipación quedó con un porcentaje que no era acorde a lo que debía recibir, y se estimó que era aproximadamente un punto de diferencia.

 A raíz de esto, en el mismo año donde el presidente de la Republica era (Raúl) Alfonsín, el Estado Nacional determinó que permanentemente iba a compensarse a La Rioja con ayuda extracoparticipable que pudiera equiparar ese punto perdido y así sucedió desde el 88 hasta la fecha, en todos los gobiernos nacionales sin distinción de color político.

“Hasta este gobierno actual ha reconocido a la provincia de La Rioja ese derecho, no en forma verbal solamente, se han firmado convenios, el año pasado el actual gobierno representado por el ministro del Interior Rogelio Frigerio y el presidente de la Cámara de Diputados de la Nación Emilio Monzó, firmaron con el gobernador Sergio Casas un acta compromiso. Esa acta reiteraba el reconocimiento y el compromiso de seguir enviando los fondos llamados extracoparticipables para equiparar y paliar esta circunstancia, pero ahora intempestivamente, en el proyecto de presupuesto no se le incluye a la provincia partidas que puedan venir como fondos en compensación”, explicó.

El fiscal agregó que “esto nos produce problemas gravísimos, ya que hay obligaciones del Estado asumidas con esos fondos como el salario, la salud pública, la educación pública; el salario que significa dos cosas fundamentalmente: la dignidad de la persona que lo consigue y el pan a la mesa que lleva a su hogar, sacarle eso a la provincia de forma intempestiva y a nuestro entender ilegal, no tiene parangón en la historia desde estos 30 años”.

Al hacer referencia sobre la discriminación que sufre el pueblo riojano ante esta decisión del Ejecutivo Nacional, Durán Sabas comentó que “es de público conocimiento que la provincia de Buenos Aires ha hecho juicio a la Nación y a las provincias por motivo del llamado fondo de reparación histórica del conurbano bonaerense, porque cuando se dictó la Ley de Impuesto a las Ganancias se determinó, en una economía de paridad de dólar con el peso, que iba a tener una participación en el reparto secundario de un monto con un tope de 650 millones. Lógicamente con el transcurso del tiempo y a raíz de la inflación en la Argentina ha ido disminuyendo comparativamente a valor constante ese flujo de 650 millones. A raíz de esto se inicia un juicio en donde Buenos Aires pide que sea reconsiderada su situación y se le actualicen los valores, que se modifique el sistema de reparto para poder recibir el equivalente a ese porcentaje en la actualidad”.

La razón a Buenos Aires

Sobre lo planteado, sostuvo que “el Estado Nacional en la presentación judicial, mediante la Procuración del Tesoro de la Nación, contestó al juicio y si bien discute algunas cuestiones desde lo jurídico, lo real y cierto es que se le dio la razón porque no es lo mismo 650 millones de dólares que hoy 650 millones de pesos, lo cual es real”. Explicó que se adujo que se le producía a la provincia de Buenos Aires un desfasaje económico-financiero para atender sus compromisos, de manera tal que tiene razón en pedir que se le actualicen esos montos.

Seguidamente, la Procuración del Tesoro de la Nación le dice a la Suprema Corte de Justicia de la Nación que tiene que dar una solución al tema por ese desfasaje financiero, “ahora bien – se preguntó el fiscal riojano – a La Rioja le ponen cero peso en fondos extracoparticipables entonces, ¿La Rioja no tiene desfasaje económico y financiero? ¿La Rioja no tiene el mismo derecho que las otras provincias, o tenemos en este país ciudadanos de primera y otros de segunda?”, enfatizó.

Expresó que “esto no puede tratarse así, porque profundiza eso a lo que le llaman ahora “la grieta”, ese término que utilizó Juan Bautista Alberdi para referirse a una situación que venía desde 1810 entre dos fuertes políticos de aquella época, como lo fueron Saavedra y Moreno que veían el país de una forma distinta, federal o no federal, parece que vamos a reiterar lo mismo”.

El agravio es a La Rioja

El fiscal de Estado continúo su argumento al sostener que la Constitución de la Nación Argentina, reformada en 1994, en su artículo 75, le dio la facultad al Congreso de la Nación para dictar normas referidas al tema de Coparticipación, y se estableció que se iba a dictar una ley de coparticipación que iba a ser con un acuerdo unánime entre Nación, provincias y Ciudad de Buenos Aires.

Además, agregó que en la cláusula transitoria 6° de la Constitución Nacional indica que cuando se dicte la Ley de Coparticipación, que tenía dos años de plazo pero no se dictó hasta la fecha, tampoco podrá modificarse en desmedro de las provincias la distribución de recursos vigente a la sanción de esta reforma.

“La Constitución dice que lo que hoy, en el año 94, se reparte a las provincias no se puede modificar en desmedro, ni ahora, ni cuando se dicte la ley. Entonces nos surge una pregunta ¿es correcto poner cero pesos de fondos extracoparticipables? En este sentido, sostuvo que la Corte Suprema de Justicia de la Nación aduce que la costumbre y los hechos repetidos en el transcurso del tiempo generan lo que se llama el derecho paraconstitucional, “ese derecho tiene la provincia, ese derecho menguado le causa el agravio, pero no al gobierno, le causa el agravio a La Rioja porque esta es una bandera del pueblo”.