Garay: piden caratular la muerte como “homicidio agravado”

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La fiscal de La Rioja Cristina Fernández Del Moral de Santander pidió ayer que la muerte de Emanuel Garay sea investigada como un homicidio agravado y no como uno simple, tal como está caratulada la causa hasta ahora. Si ese requerimiento prosperara, los ocho policías detenidos y señalados como presuntos responsables del trato vejatorio que derivó en el deceso del aspirante se enfrentarán a un expectativa de pena de prisión perpetua.

“Estamos de acuerdo con el cambio de tipificación, pero también queremos que se integre otro agravante, el de violencia de género, porque ese día también hubo mujeres que sufrieron las torturas policiales”, dijo a La Nación el abogado José Azcurra, querellante por parte de la familia Garay.

Los imputados, hoy, son el subdirector general del Instituto de Seguridad, comisario mayor Dardo Nicolás Gordillo; el director de la Escuela de Cadetes, comisario inspector Ramón Alberto Leguiza; el jefe del Cuerpo de Personal Masculino, comisario Jorge Marcelo Leguiza, y la jefa del Cuerpo de Personal Femenino, comisaria Adriana Mabel Rodríguez. También, la oficial inspector Nadia Soledad Bravo; los oficiales subinspectores Elio Gonzalo Marcial e Ivana Karina Luna, y el oficial ayudante Marcos Antonio Miranday, todos instructores el día del entrenamiento letal.

El caso conmocionó a los riojanos. Anteayer, se manifestaron en la plaza 25 de Mayo, en el corazón de la capital riojana, junto a la familia de Emanuel, y exigieron justicia por el cadete fallecido y por los otros 11 que sufrieron distintas fallas orgánicas producto de la deshidratación severa a la que se los empujó al negárseles tomar agua durante el entrenamiento extremo bajo un sol abrasador.

Ante las críticas por la actuación institucional, el gobernador riojano, Sergio Casas, sacó la Escuela de Cadetes de la órbita policial y la llevó al Ministerio de Educación, donde Ilda Lucero, exdocente y representante gremial, quedará a cargo de reformular el esquema de formación de los aspirantes. También cambió al jefe de la fuerza, al secretario de Seguridad y al ministro de Gobierno.

Roque Garay, padre de la víctima, calificó el hecho como “una tortura” y dijo: “Todos los culpables ya están señalados. Queremos que la Justicia actúe rápido para que lo que le hicieron a Emanuel no suceda más”.