El caso del anestesista y los límites de la objeción de conciencia

Publicado por

En los últimos días, después de la media sanción del Proyecto de Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo, circuló en las redes sociales un posteo de Facebook de Facundo Segovia Barcena, médico anestesista de la provincia de La Rioja, donde anunció: “En mi guardia los abortos de haran SIN ANESTESIA” (sic).

Esta posición generó el rechazo del Ministerio de Salud provincial, que anunció que Segovia Barcena fue desafectado de su trabajo en el Hospital de la Madre el Niño.

En la actualidad, en esta provincia se cumplen los requisitos mínimos para realizar abortos legales en el marco de las causales fijadas por el Código Penal, ya que La Rioja adhirió al protocolo nacional de aborto no punible.

DfxWQMHWAAIeAaO

Según Chequeado.com, se refiere a la objeción de conciencia: el proyecto de ley que obtuvo media sanción la semana última en la Cámara de Diputados determina que la/el profesional de la salud que no quiera practicar abortos deberá manifestar previamente su objeción, de manera individual y por escrito, ante la máxima autoridad del establecimiento en el que trabaje. Sin embargo, no podrá objetar la práctica en caso de que la mujer requiera atención médica inmediata e impostergable.

Para quienes dilaten u obstaculicen un aborto, el proyecto fija una pena de tres meses a un año de prisión e inhabilitación especial por el doble del tiempo de la condena. Si por esas barreras la mujer no puede acceder a un aborto legal, la pena contra el profesional de la salud se elevará de uno a tres años.

Por otra parte, el proyecto determina que cada establecimiento deberá llevar un registro de profesionales objetores; y prohíbe la objeción institucional, es decir, que un establecimiento de salud entero se niegue a hacer abortos.

Este último ítem es resistido por una serie de clínicas privadas, entre las que se encuentran San Juan de Dios, San Camilo, Bazterrica, Santa Isabel, Del Sol, Fleni, Austral y Mater Dei. Estas instituciones “advirtieron que no practicarán abortos”, según informó la Agencia Informativa Católica Argentina (AICA).

Más información

El proyecto de Interrupción Voluntaria del Embarazo

Además, el proyecto determina que después de que las mujeres soliciten la Interrupción Voluntaria del Embarazo, los hospitales y clínicas deberán ofrecer información adecuada, atención previa y posterior al aborto, y acompañamiento en el cuidado de la salud e información sobre los distintos métodos anticonceptivos disponibles.

Esta cobertura debe ser provista por el sector público de salud, las obras sociales, las prepagas y el PAMI. Tanto el aborto como los medicamentos y las terapias de apoyo se incluyen en el Programa Médico Obligatorio (PMO).

Por último, el proyecto mencionó la Educación Sexual Integral, que es ley desde 2006, y ordenó capacitar en perspectiva de género a los profesionales y personal de la salud.

Las penas

En cuanto a las penas, el proyecto indica una pena de 3 a 10 años de prisión para quien practique un aborto sin consentimiento de la mujer. La pena se puede elevar hasta 15 años si producto de la práctica muere la mujer. Además, los profesionales de la salud que causen un aborto sin consentimiento de la mujer sufrirán una inhabilitación por el doble del tiempo de la condena.

Por su parte, se fija una pena de tres meses a un año de prisión para quien practique un aborto con consentimiento de la mujer a partir de la semana 15 de gestación, fuera del marco de los supuestos previstos(violación, riesgo de vida/salud de la mujer, inviabilidad fetal).

Para quienes dilaten u obstaculicen un aborto, el proyecto fija una pena de tres meses a un año de prisión e inhabilitación especial por el doble del tiempo de la condena. Si por esas barreras la mujer no puede acceder a un aborto legal, la pena contra el profesional de la salud se elevará de uno a tres años.

Por último, el proyecto indica que la mujer que cause su propio aborto o lo consiente a partir de la semana 15 de gestación – fuera de los supuestos de violación, riesgo de vida/salud de la mujer, inviabilidad fetal- recibirá una pena de tres meses a un año.